Un arqueólogo de la Zona Arqueológica Caral (ZAC), del Ministerio de Cultura (Mincul), fue agredido cuando se disponía a ejecutar trabajos de investigación en el sitio arqueológico Caral-Chupacigarro, ubicado en el valle de Supe, provincia limeña de Barranca.
Según la Unidad Ejecutora 003-Zona Arqueológica Caral, las amenazas y la campaña de difamación, calumnia, amedrentamiento y hostigamiento contra los trabajadores que buscan recuperar la información histórica de los orígenes de la Civilización Caral ocurrieron el 20 de enero cuando el arqueólogo Alan Ríos, jefe de campo, fue atacado por uno de los invasores.
“Estábamos por realizar el trabajo de intervención arqueológica en Chupacigarro. Estaba caminando hacia el lugar donde íbamos a iniciar los trabajos arqueológicos cuando fui atacado por la espalda”, contó Ríos mientras salía del médico legista.
Desde hace unos meses los servidores de la ZAC han recibido amenazas, agresiones verbales y físicas por parte de un grupo de personas que buscan perpetuar su posesión ilegal en terrenos a nombre del Ministerio de Cultura y declarados patrimonio mundial y que, además, guardan importantes evidencias para el entendimiento del desarrollo de la Civilización Caral en el valle de Supe.
Estos actos se han suscitado luego de que la ZAC, en cumplimiento de sus funciones de velar por la protección de los centros urbanos de la primera civilización de América y con pleno respeto de la normatividad vigente en materia de propiedad y del patrimonio cultural, denunciara que se han cometido afectaciones y construcciones ilegales en el sitio arqueológico Caral-Chupacigarro, inscrito hace 15 años en los Registros Públicos a nombre del Mincul.
Difamación y calumnia
Se denunció una campaña de difamación y calumnia contra los trabajadores, fundamentalmente a través de las redes sociales, que busca desprestigiar a Ruth Shady, una de las principales arqueólogas peruanas y directora de la ZAC, con el fin de apropiarse de forma ilegal de 38 hectáreas de terrenos que guardan bajo la superficie evidencias arqueológicas.
La denuncia por la agresión sufrida por el jefe de campo de Caral ya se encuentra en conocimiento de las autoridades y se espera la intervención de las autoridades policiales y del Ministerio Público.
La Zona Arqueológica Caral ha solicitado a la Policía Nacional del Perú y Fiscalía de Barranca salvaguardar la integridad física de los arqueólogos, excavadores, conservadores, topógrafos, entre otros servidores, a fin de evitar otras y más graves agresiones.
Sustento
El artículo 21 de la Constitución Política del Perú consagra que “los yacimientos y restos arqueológicos, […] expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación [...] están protegidos por el Estado”.
El sitio arqueológico Caral se encuentra reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Directoral Nacional del Instituto Nacional de Cultura N.° 720/INC del 20 de setiembre del 2002 y ratificada mediante la Resolución Viceministerial N.° 256-2011-VMPCIC-MC del 3 de marzo del 2011.
Mediante la Res. N.° 002-2005/SBN-GO-JAR de la Superintendencia de Bienes Nacionales, del 24 de enero del 2005, se dispuso la primera inscripción de dominio a favor del Estado de los terrenos donde se encuentran los sitios arqueológicos de la Ciudad Sagrada de Caral-Supe.
A través de la Res. N.° 138-2006/SBN-GO-JAD, de la Superintendencia de Bienes Nacionales, emitida el 16 de noviembre del 2006, se declaró la transferencia patrimonial predial de Caral a favor del INC. Está inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos como propiedad del Mincul con el código N.° 80027096.
Propiedad privada
En esta formalización de un sitio arqueológico declarado de interés nacional ningún terreno de propiedad privada ha sido afectado. Estas propiedades aledañas al sitio arqueológico fueron reconocidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales, pues es un derecho consagrado por el artículo N.° 2, inciso 16, de la Constitución Política.
En 1982 el Perú se adhiere a la Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco. Como Estado parte el país logra que la Ciudad Sagrada de Caral-Supe sea incluida en la Lista del Patrimonio Mundial el 2009.
La comparación de la fotografía aérea de 1943 y la imagen satelital del 2020 hace evidente la destrucción de 38 hectáreas del patrimonio arqueológico de todos los peruanos por la autodenominada 'Irrigación El Rosario', conformada por una familia sin lugar de residencia en el valle.
La llamada 'Irrigación El Rosario' pretendió expandir la frontera agrícola después de la reforma agraria a costa de la destrucción de los sitios arqueológicos. Remojó, removió, desmontó y destruyó evidencias arqueológicas de los orígenes de la civilización humana.
Única familia
Frente a la resistencia y desacato de la ley, de quienes conforman esta única familia, el Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio de Cultura), a través de su Unidad Ejecutora 003, inició procesos judiciales en el fuero civil para efectuar la recuperación de la propiedad del Ministerio de Cultura, ilegalmente ocupada.
Se han logrado sentencias favorables al Ministerio de Cultura en primera y segunda instancia y la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente (CAS. N.° 8285-2016).
Desde que se iniciaron las acciones para salvaguardar las evidencias del patrimonio arqueológico de la Civilización Caral los miembros de esta única familia han pretendido confundir a los vecinos del valle de Supe al afirmar que a todos los agricultores se les “quitarán sus terrenos agrícolas” con la intención de manipular su buena fe y sentido de solidaridad.