El jefe del Gabinete Ministerial, indicó que la corrupción en el país debe combatirse desde el sistema de justicia, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, elaborando leyes efectivas para hacer frente a este flagelo.
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“Hay que combatir a la corrupción desde el sistema de justicia, es decir el Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional; desde el Poder Ejecutivo y el Congreso porque se requiere de leyes que faciliten la investigación y sancionar a los delincuentes”, indicó.
Durante una conferencia de prensa, tras una nueva sesión del Consejo de Ministros, Torres se expresó sobre el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso, la misma que está a la espera de ser vista en el pleno del Parlamento.
"Una vez que la ley sea aprobada, porque todavía no ha sido aprobada, se estudiará y si es necesario se observará, se observará totalmente o se hará una contrapropuesta", manifestó.
En ese sentido, indicó que
este proyecto beneficia a los grandes criminales como los involucrados en el caso Lava Jato, y que quizás el Congreso no haya advertido esta situación, pero que es necesario precisar que este tipo de investigaciones requieren de mucho tiempo.
"Hay solicitar información al extranjero, a los bancos, hacer peritajes, muchas de las cuales no se pueden hacer de la noche a la mañana y todo eso para convalidar la colaboración eficaz", refirió.
Ante ello, el jefe del Gabinete Ministerial explicó que es necesario ponerse de acuerdo todos para combatir la corrupción y "ese sea nuestro norte".
"En el caso de las contrataciones del Estado, no son decenas, no son centenas,
son miles de obras paralizadas por la corrupción, y los grandes estudios entre comillas por supuesto, han orientado esos contratos para robarle al Estado, para que los concesionarios de las licitaciones cobren adelantos por avances de obra que no han realizado y al final abandonan la obra y se van a arbitraje que dura años", agregó.
Al respecto, manifestó que se quiere resolver esta situación con una modificación a la
Ley de Contrataciones del Estado, proponiendo que se introduzca una cláusula de resolución expresa, de pleno de derecho y sin laudo arbitral.
"O sea, si el contratista incumple, se resuelve el contrato automáticamente, liquida la obra hasta ese momento y luego continua la ejecución por los mecanismos de la ley, eso independientemente que el contratista siga un laudo arbitral o proceso judicial", añadió.
(FIN) JCC/JCR
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Publicado: 23/2/2022