Las autoridades han iniciado una serie de operativos de fiscalización en diversos grifos de la ciudad de Chimbote y en la provincia del Santa, en la costa de la región Áncash, con el objetivo de verificar el abastecimiento de combustibles y prevenir posibles prácticas que afecten a los consumidores.
Las acciones fueron lideradas por la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito del Santa, con la participación de Osinergmin, Indecopi, la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad Provincial del Santa y efectivos de la Policía Fiscal.
Durante la jornada se
inspeccionaron establecimientos de venta de combustible en los distritos de Santa, Chimbote, Nuevo Chimbote y Coishco. En las diligencias se verificó la correcta publicación de precios, el abastecimiento de combustibles y el cumplimiento de la normativa vigente, con la finalidad de prevenir posibles prácticas que afecten la libre competencia, como una presunta concertación de precios.
Como resultado del operativo, en el distrito de Santa fue detenida en flagrancia la administradora del grifo PGYG, por la presunta comisión del delito de especulación y alteración de pesos y medidas, tipificado en el artículo 234 del Código Penal.
Según las autoridades, durante la inspección se detectó que el precio del combustible que figuraba en el panel informativo del establecimiento era distinto al que aparecía en el surtidor, siendo este último superior, lo que habría perjudicado a los consumidores.
Estas acciones se desarrollan en medio de la preocupación de la población, debido a que en los últimos días se han registrado largas colas en diversos grifos de la ciudad por la escasez de combustibles y el incremento de precios. Esta situación también ha generado malestar entre los transportistas, quienes incluso han realizado acciones de protesta para exigir soluciones ante el desabastecimiento y el alza de los costos del combustible.
Las autoridades informaron que continuarán realizando operativos de fiscalización en distintos establecimientos con el objetivo de garantizar la transparencia en la comercialización de combustibles y proteger los derechos de los usuarios.