Analistas económicos expresaron su confianza en que el Tribunal Constitucional (TC) declarará inconstitucional la reciente norma aprobada por el Congreso de la República mediante la cual se autoriza el retiro de fondos del Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
El profesor de Centrum Católica, Alejandro Indacochea, sostuvo que la decisión del TC de declarar inconstitucional la Ley 31018, que suspende el cobro de peajes en la red vial, es positiva para la economía porque demuestra que en el país hay institucionalidad y un orden establecido a pesar de la crisis económica y política ocasionada por la pandemia del coronavirus.
“Es una decisión oportuna la del TC porque es una buena señal para los inversionistas externos, pues les mostramos que no somos un país que legisla arbitrariamente, sino que tiene instancias a las que puede acudir, lo que consolida la institucionalidad”, refirió a la Agencia Andina.
Indacochea expresó su confianza en que el TC declare inconstitucional la norma que permite el retiro de aportes de la ONP, en caso que la iniciativa legislativa sea observada y elevada por el Ejecutivo al Tribunal.
“No solamente tenemos una pandemia de coronavirus, sino también tenemos una pandemia de proyectos populistas", anotó.
"Es importante resaltar que no está en discusión apoyar a los pensionistas y jubilados de la ONP. Ellos están en un sistema injusto, en donde si no acumulan 20 años de aporte no reciben nada”, precisó.
Sostuvo que lamentablemente ningún Congreso anterior hizo algo por cambiar esta situación. “Se trata de buscar soluciones, no complicaciones. La medida significará un desembolso de 6,000 millones de dólares, aproximadamente un 2.5% del producto bruto interno (PBI) que irá a manos de unos pocos y dejará sin pensiones a los jubilados”, aseveró el economista.
Dificultan financiamiento del país
Por su parte, el economista Jefe del BBVA Research, Hugo Perea, afirmó que medidas populistas, como la devolución de los aportes a la ONP aprobadas por el Congreso de la República, dificultan la labor del Gobierno de conseguir financiamiento adecuado en mercados foráneos para afrontar los efectos de la crisis sanitaria debido a la pandemia.
Según dijo, el Congreso se está tomando atribuciones que, constitucionalmente, no le competen.
“Si insiste en aprobar esta medida por insistencia, es muy probable que el ejecutivo acuda al Tribunal Constitucional para declarar su inconstitucionalidad, tal como lo hizo en el caso de la Ley 31018, que suspende el cobro de peajes en la red vial”, refirió.
Aseveró que esta iniciativa legislativa genera ruido e incertidumbre y más aún en una situación como la que estamos atravesando.
“Debemos recordar que hay un déficit grande qué financiar y medidas inconsistentes como ésta podrían afectar la percepción de las fortalezas macroeconómicas del país, pues pueden elevar los costos de financiamiento para el Gobierno”, comentó.
Refirió que el mismo día en que el dictamen de la norma se aprobó en la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento, las tasas de interés de los bonos del Gobierno peruano se elevaron.
“No se trató de un tema regional o local. Este incremento sugiere que los inversionistas perciben que la economía peruana podría presentar mayores riesgos”, manifestó.
Medida del Congreso es populista
Por su parte, el economista de la Universidad ESAN, Jorge Guillén, afirmó que la reciente aprobación de la devolución de los aportes a la ONP resulta populista y puede incrementar el déficit fiscal del país, afectado seriamente por las consecuencias de la pandemia del coronavirus.
“Es muy difícil hacer esas devoluciones porque no hay dinero para ello. En caso de que sea posible, los aportantes recibirán menos de lo previsto porque la operatividad es muy complicada. Para quienes reciban una UIT fija, el Estado tendrá que poner más dinero, lo que incrementará el déficit fiscal”, comentó.
El economista de la Universidad ESAN sostuvo que no hay necesidad de aprobar este tipo de medidas puesto que El Gobierno ha sabido aplicar diversas medidas y subsidios para que la población pueda solventar la coyuntura.
“Por el lado de la oferta tenemos el que es el plan Reactiva que permitió a las empresas cubrir ciertos; mientras que por el lado de la demanda tenemos bonos universales, familiares, rurales, independientes y otros de ese tipo que tienen ese carácter que los congresistas pretenden darle a sus iniciativas”, refirió.
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(FIN) VLA/JJN