Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, presentó hoy ante la Corte Suprema una tutela de derechos para anular la denuncia constitucional planteada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el mandatario ante el Congreso de la República.
En declaraciones a la prensa, Espinoza explicó que el pedido busca que se convoque a una audiencia para debatir con el Ministerio Público si la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, respeta o no la tutela judicial efectiva dada por el juez supremo Juan Carlos Checkley en el caso puente Tarata.
“El juez estableció dos límites: le dijo a la fiscalía que no puede ni formalizar, ni continuar la investigación preparatoria y le dijo al Congreso que no puede siquiera tramitar una acusación constitucional contra el presidente por fuera de los supuestos del artículo 117° de la Constitución”, aseveró.
Consideró que el pedido de autorización de la fiscalía al Congreso para formalizar la investigación al presidente Castillo desconoce el mandato del juez Checkley y el pedido para hacerlo al margen del artículo 117°, desconoce la Constitución y el mandato judicial.
“Por esa razón estamos pidiendo al juez una audiencia para debatir con la fiscalía los argumentos y, de ser necesario, que se estime nuestra pretensión para que se anule la denuncia constitucional”, refirió.
Apuntó que el fallo del juez Checkley se tiene que cumplir. “El juez no decide para que su decisión sea burlada, desconocida e ignorada como se ha hecho en este caso”.
Estimó que la audiencia para debatir la tutela de derechos puede darse la otra semana.
Si el juez declara fundada la tutela de derechos, el abogado defensor indicó que se anula la denuncia constitucional y se da por no presentada ante el Congreso, dado que está vinculada a lo que la fiscalía venía investigando y fue materia de pronunciamiento de un juez en tutela de derechos.
En ese caso, refirió que la fiscalía tiene derecho a impugnar o cuestionar la apelación del juez en la segunda instancia que sería la Sala Penal Permanente.
“Es el mismo caso Tarata y otros más que han sido acumulados, por tanto, el juez tiene perfecta legitimidad para resolver la tutela de derechos”, aseveró.
(FIN) FHG/JCR
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Publicado: 17/10/2022