El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso 14 propuestas para reforzar la seguridad ciudadana, entre ellas la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que reemplazará al INPE y PRONAC
En una sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, expuso iniciativas del sector orientadas a enfrentar la criminalidad y modernizar el sistema penitenciario.
Reforma penitenciaria
Martínez señaló que la estructura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se encuentra desfasada frente a la dinámica delictiva actual. En ese marco, anunció la propuesta de crear la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), entidad que absorberá al INPE y al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).
"Bajo dicha superintendencia se materializará una estructura organizacional moderna, especializada y eficiente, que fortalecerá la seguridad y el tratamiento penitenciario y, lo más importante, reducirá el nivel de reincidencia delictiva", indicó.
Además, planteó cambios al Código de Ejecución Penal para implementar una etapa de extrema seguridad en el Régimen Cerrado Especial, sin posibilidad de progresión para internos de alta peligrosidad y para restringir beneficios penitenciarios en delitos como extorsión y homicidio calificado.
Telecomunicaciones ilegales
El sector también propuso incorporar al Código Penal el delito agravado de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones, destinado a sancionar a quienes instalan o financian redes clandestinas dentro de los penales.
Respecto a la lucha contra la extorsión, Martínez destacó la necesidad de regular la inteligencia criminal como fase preprocesal, incluir este delito en el catálogo que permite levantar el secreto de las comunicaciones en 24 horas. También propuso autorizar la revisión inmediata de equipos electrónicos incautados en flagrancia por extorsión, sicariato o secuestro.
Asimismo, planteó reducir de tres años a uno el plazo para la destrucción de armas incautadas, bajo supervisión del Ministerio Público, a fin de evitar su reingreso al mercado ilegal.
Subsistema especializado
Entre las iniciativas, se propone la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC), integrado por fiscalías, juzgados y unidades policiales especializadas. También se plantea que los juzgados de justicia juvenil funcionen de forma unipersonal para agilizar los procesos.
El ministro advirtió que el aumento de delitos como extorsión y sicariato exige garantizar operaciones policiales sin interferencias. Por ello, se propuso incorporar el artículo 26-A en la Ley N° 31061, con el fin de evitar actos invasivos en las intervenciones de la Policía Nacional durante estados de emergencia.
Finalmente, Martínez señaló que miles de ciudadanos enfrentan limitado acceso a servicios legales. Por ello, el Ejecutivo propone crear la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Sunadep).
Dicha autonomía permitirá elevar la calidad del servicio y avanzar hacia un mínimo de 14 defensores por cada 10,000 personas en situación de pobreza.