Con el fin de no perjudicar el procedimiento de corroboración en curso, el Equipo Especial del Ministerio Público decidió, por ahora, no ampliar la investigación preparatoria ni abrir investigación preliminar al empresario Jorge Barata, como propuso la Procuradoría Ad Hoc.
Mediante un comunicado, recordó que
Barata es colaborador eficaz, y en el marco de ese proceso especial, ha proporcionado a la Fiscalía información que ha permitido desplegar importantes acciones en diversos casos que ya son de público conocimiento.
"Es importante entender que las declaraciones e informaciones proporcionadas por un colaborador eficaz deben ser sometidas a un procedimiento de corroboración, distinto en cada caso según la naturaleza de las mismas, antes de desarrollar acciones o medidas concretas", añadió el Ministerio Público.
Asimismo, remarcó que este procedimiento de corroboración es y debe ser reservado, pues solo así se puede garantizar la eficacia de las acciones concretas de la Fiscalía.
Refirió, además, que la
Procuradoría Ad Hoc presentó pedidos prematuros para comprender en la investigación preparatoria 02-2017 a Jesús Munive Taquía, Jorge Menacho Pérez, Jorge Barata y José Alejandro Graña Miró Quesada, como imputados por el delito de colusión agravada (línea 1 del Metro de Lima).
De igual forma, para abrir investigación preliminar contra José Alejandro Graña Miró Quesada, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA. (Proyecto Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, tramos 2 y 3).
En ambos casos, los pedidos de la Procuradoría se sustentan en la declaración de Barata, en el extremo específico del presunto conocimiento de las empresas que formaron consorcio con la firma Odebrecht en el pago de sobornos a funcionarios para el favorecimiento indebido en el otorgamiento de la buena pro de los proyectos de infraestructura vial antes mencionados.
Para la Fiscalía, dicha declaración debe ser corroborada con elementos comprobatorios, antes de poner en práctica medidas concretas.
"Es importante subrayar que la decisión de la Fiscalía no significa un cierre definitivo de la posibilidad de comprender a más presuntos implicados en la investigación, sino que ella responde a la necesidad de preservar la unidad y eficacia de la investigación, así como la reserva del proceso especial de colaboración eficaz y mantener la potestad persecutoria del delito en el ámbito del Ministerio Público", aclaró.
El Equipo Especial continúa con el desarrollo de las investigaciones, de manera pública cuando se trata de audiencias de medidas restrictivas de derechos y otras; y en absoluta reserva cuando se trata de procedimientos de corroboración.
Añadió que resulta pertinente distinguir el distinto rol de cada institución, desde una perspectiva constitucional y legal, y en ese orden de ideas corresponde a la Fiscalía la titularidad de la acción penal, la oportunidad de su promoción y el diseño de la estrategia de la investigación, potestades que deben ser entendidas y respetadas.
(FIN) NDP/VVS
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Publicado: 6/6/2017