Como parte de la campaña “La integridad no se negocia”, el Ministerio del Interior lanzó seis spots en redes sociales y medios de comunicación a fin de combatir la corrupción y evitar los actos deshonestos de los policías y funcionarios públicos del sector.
La campaña se inició con la ejecución intensiva de operativos en todo el país para prevenir, identificar y sancionar hechos de corrupción en los que, además de los agentes del orden, también pueda incurrir un ciudadano con ocasión de una intervención policial.
En estos casos, si un ciudadano ofrece dinero a un policía para que no cumpla con su función puede ir preso hasta por ocho años, de acuerdo a la normativa vigente.
De acuerdo a la norma dada por el Poder Ejecutivo, el efectivo policial que pide, acepta o recibe un donativo, promesa o cualquier otro beneficio para realizar u omitir una actividad en desacato de sus obligaciones, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de 10 años, más la inhabilitación en sus funciones.
Por otro lado, si el acto de corrupción proviene del chofer del vehículo, se le impondrá una inhabilitación consistente en la cancelación o incapacidad definitiva, según sea la gravedad del caso, para obtener autorización para conducir.