El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, señaló,durante su presentación en la Comisión de Constitución del Congreso, que están solicitando facultades en ocho puntos para legislar en materia de reactivación económica y formalización.
Los puntos son:
1.- Ampliar la base tributaria, mejorar la recaudación, crear incentivos para la formalización y fomentar el mercado de capitales.
2.- Mejorar la normatividad de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
3.- Reorganizar y optimizar los sistemas de Inversión Pública y Privada.
4.- Promover, reestructurar y regular el Sistema Nacional de Abastecimiento Público y modificar la Ley de
Contrataciones.
5.- Simplificar, estandarizar y optimizar los procedimientos administrativos en el Estado.
6.- Implementar un proceso ordenado y simplificado para la formalización de la minería a pequeña escala.
7.- Preparación para los Juegos Panamericanos Lima 2019.
8.- Facilitación de inversiones en entidades del sistema financiero.
Base tributaria y otros
En el punto 1, referido a la ampliación de la base tributaria y otros, dijo que están proponiendo la rebaja del Impuesto General a las Ventas (IGV) en 1% (de 18% a 17%), lo que permitirá impulsar el crecimiento del Producto Bruto Interno, (PBI) por el mayor consumo e inversión, y la formalización de la economía, así como reducir la evasión y favorecer a los más pobres.
También indicó que plantean revertir la reducción progresiva de la tasa del Impuesto a la Renta (IR) empresarial (retornando a 30%) y el incremento de la tasa de dividendos, pues ello permitirá evitar pérdidas de recaudación del IR e incrementar los ingresos por canon de los gobiernos regionales y locales.
Añadió que proponen regímenes especiales de determinación, declaración y pago trimestral del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del IR para las pequeñas empresas a fin de facilitar la información.
Asimismo, señaló que plantean tasas progresivas aplicadas a la utilidad y a los ingresos, a preferencia de cada pequeña empresa con el propósito de facilitar la información.
Zavala manifestó que buscan deducir los gastos de salud y vivienda, sustentados en comprobantes de pago electrónicos, en el pago del IR de las personas naturales con el fin de ampliar la base tributaria.
También comentó que en el ámbito del impuesto a las ganancias de capital planean otorgar un tratamiento preferencial a los instrumentos financieros transados en bolsa y supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) a fin de fomentar el desarrollo del mercado de valores y bajar los costos de financiamiento.
En otro momento, mencionó que buscan sincerar las deudas tributarias en litigio beneficiando a las micro y pequeñas empresas (mypes) y a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para reactivarlas y reducir los gastos de cobranzas de deudas menores.
Manifestó que consideran relevante sincerar las rentas de fuente extranjera no declaradas, excluyendo el lavado de activos y otros con el objetivo de incrementar la recaudación (tributaria).
Zavala señaló, asimismo, que buscan perfeccionar la normativa tributaria municipal para mejorar la equidad y eficiencia de los tributos de los gobiernos regionales y locales, fortaleciendo su gestión a fin de simplificar la aplicación de los tributos municipales y mejorar el nivel de recaudación.
Informó que plantean adecuar a estándares internacionales las normas de intercambio de información para fines tributarios a fin de cumplir con el requerimiento para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y controlar la elusión y evasión impositiva.
Responsabilidad fiscal
En el punto 2, referente a la mejora de las normas de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, señaló que consideran importante que la deuda pública se mantenga, es decir que no sea mayor a 30% del PBI.
El Gobierno propone un déficit fiscal nominal y observable, pues actualmente existe un déficit estructural en función al PBI potencial y precio de materias primas de largo plazo.
Zavala sostuvo que apuntan a que el gasto no financiero (corriente y de capital) sea un límite al crecimiento real para todo el Gobierno General en función al crecimiento histórico y proyectado del PBI, pues actualmente el límite está en función al déficit estructural.
Indicó que en lo referente al gasto corriente plantean un límite al crecimiento real del Gobierno General (planilla, pensiones, bienes y servicios, excluyendo mantenimiento), pues ahora existe un límite para el Gobierno Nacional en función al PBI potencial.
Para los gobiernos subnacionales planteamos una regla de saldo de deuda y una de resultado fiscal (de cumplimiento conjunto), pues actualmente existe la regla de gasto y la regla de saldo de deuda, comentó.
Señaló que proponen un Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) y un Fondo de Infraestructura en lo concerniente a los factores contracíclicos.
El Premier indicó que buscan que las “cláusulas de escape” se generen por crisis internacionales y desastres naturales, previa aprobación del Congreso, pues actualmente es por ajuste automático del déficit fiscal.
Asimismo, comentó que proponen que se mantenga el Consejo Fiscal en lo referente a la rendición de cuentas.
Zavala afirmó que las propuestas del punto 2, que busca mejorar la normatividad de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, permitirán simplicidad y transparencia, es decir que las reglas fiscales serán monitoreables y cumplibles a todo nivel de Gobierno.
“El Indicador de Balance Estructural se seguirá publicando”, agregó.
Señaló a su vez que estos planteamientos permitirán el cumplimiento conjunto de las reglas fiscales que fortalecen el compromiso con la consolidación fiscal y asegurarán complementariedad entre inversión pública y mantenimiento.
Asmismo, estas propuestas permitirán minimizar la volatilidad del gasto público, pues se establece una banda acotada entre dos reglas (la de déficit y crecimiento del gasto), así como ampliar la cobertura de las reglas fiscales, dijo.
“La regla de gasto no financiero pasa de 18.8% a 21.3% del PBI y la regla del gasto corriente pasa de 9% a 15.2% del PBI”, refirió.
Dijo que estas propuestas fortalecerán la capacidad contracíclica al crearse un fondo que impulsa la inversión en infraestructura que complementa el Fondo de Estabilización Fiscal.
Constitucionalidad de propuesta
En otro momento, mencionó que la Comisión de Presupuesto del Congreso opina que la regla fiscal es materia presupuestal y la Constitución impide delegar facultades en materia presupuestal.
Pero la solicitud de delegación (de facultades) no tiene como finalidad modificar el Presupuesto Anual de la Nación, sino regular la normatividad macro fiscal, señaló.
“Las reglas fiscales no son materia presupuestal, ni por naturaleza ni por doctrina, por lo tanto, sí es materia delegable”, precisó.
La solicitud (de delegación de facultades) cumple con los requisitos del artículo 104 de la Constitución: El pedido señala claramente la materia a delegar y es por 120 días, además no comprende materias indelegables a la Comisión
Permanente, dijo.
Reorganización del SNIP
En el punto 3, referido a la reorganización del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), dijo que buscan reforzar la programación con el fin de aligerar los trámites que actualmente se sufren en los procesos posteriores de formulación, evaluación y ejecución de proyectos.
En el ámbito de la priorización, indicó que buscan premiar proyecto que estén destinados al cierre de brechas sobre la base de calidad de los servicios públicos y agregó que la formulación, evaluación y viabilidad de los mismos será de entera responsabilidad del gobierno subnacional.
Zavala indicó que prevén que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sea el ente rector de las políticas y metodologías.
Reforma de ProInversión
En este mismo punto 3, referido a la reforma de Pro Inversión, proponemos fortalecer la gobernanza y capacidades, descentralizar para empoderar y optimizar los procesos de Asociaciones Público Privadas (APP), con nuevas funciones en planeamiento, formulación y post adjudicación, dijo.
Con estas medidas esperamos optimizar el número de proyectos adjudicados por año (minimizando las adendas y reduciendo el tiempo del proceso), reducir la brecha de infraestructura social en 50% al 2021 y pasar de 4.5% a 6.2% del PBI en inversión en infraestructura, señaló.
Actualmente hemos identificado pérdida de capacidades, insuficiente acompañamiento a los gobiernos regionales y locales, demora y exceso de adendas y problemas de ejecución, así como que sólo el 15% del tiempo de los procesos agrega valor, comentó.
Sistema de Abastecimiento Público
En punto 4, referido a la promoción, reestructuración y regulación del Sistema Nacional de Abastecimiento Público y la modificación de la Ley de Contrataciones, dijo que plantean aumentar la calidad en el gasto público.
También, mencionó que buscan mejorar los procesos al interior de la cadena de abastecimiento, pues no sólo se consiguen ahorros por eficiencia, sino que aumenta el multiplicador del gasto público (efectos sobre crecimiento del PBI).
Manifestó que apuntan a dar una visión integral a la cadena de abastecimiento y definir el ente regulador del Sistema de Abastecimiento: MEF.
Asimismo, indicó que proponen crear un marco normativo ágil y eficiente que busque la centralización normativa y la descentralización operativa.
También, señaló que buscan simplificar y estandarizar los procesos, realizar una gestión estratégica del abastecimiento, supervisar y evaluar eficazmente el abastecimiento, así como sistematizar la información con una sola base de datos.
Zavala comentó que apuntan a modificar la Ley de Contrataciones del Estado a fin de fomentar una competencia efectiva y aminorar los costos de transacción en el proceso de contratación.
Procedimientos administrativos
En el punto 5, vinculado a la simplificación, estandarización y optimización de los procedimientos administrativos en el Estado, dijo que prevén modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general con el objetivo de simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos.
Señaló que apuntan a priorizar y fortalecer las acciones de fiscalización posterior y sanción, así como a emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales y prestación de servicios sociales en los tres niveles de gobierno.
También mencionó que buscan dictar normas generales y específicas para la estandarización de procedimientos administrativos comunes en la administración pública con la finalidad de hacer predecibles sus requisitos y plazos.
Comentó que además proponen aprobar medidas que permitan la eliminación de barreras burocráticas en los tres niveles de gobierno.
Formalización minera
En el punto 6, referente a la implementación de un proceso simplificado para la formalización de la minería a pequeña escala, señaló que consideran importante la creación de un marco de formalización con la participación intersectorial, en forma sostenible, ordenada, eficiente y simplificada.
Indicó que buscan además crear mecanismos de trabajo con los gobiernos regionales, bajo un sistema moderno, con manejo adecuado a su realidad, ágil y accesible a sus mineros, así como promover la comercialización aurífera, para los mineros en proceso de formalización.
También, es relevante generar beneficios para los titulares de las concesiones mineras que firmen contratos de explotación con los mineros en proceso de formalización y encauzar soluciones a los problemas de superposición de concesiones otorgadas por el Estado, dijo.
(FIN) MMG/JJN
Publicado: 27/9/2016