El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, pidió que la jueza Janet Lastra, encargada del proceso a los dirigentes que lideran las protestas contra Tía María, se apartara del mismo, y anunció que el Poder Ejecutivo interpondrá una queja en su contra ante la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma).
“La magistrada debe apartarse del proceso”, dijo desde el estadio de Umacollo, en Arequipa, donde visitó a un grupo de pobladores que se encuentran refugiados debido a los ataques a sus viviendas por parte de pobladores opuestos al proyecto minero en Islay, Arequipa.
Indicó que la separación de la jueza se justifica tanto por la decisión de no cambiar la orden de detención suspendida por una efectiva para Pepe Julio Gutiérrez y otras cuatro personas, así como la existencia de una grabación en la cual el referido dirigente habría afirmado que hizo un depósito a favor de la magistrada.
Ante ello –sostuvo Adrianzén– es necesario también que se cambie de Arequipa a Lima la sede judicial donde se desarrolla el proceso contra los dirigentes del valle del Tambo, tal como lo solicitó la Procuraduría de Orden Interno hace algunos días.
“Mollendo ya no es una plaza segura, porque no ofrece garantías para una administración de justicia correcta (...). “No podemos permitir que magistrados involucrados en audios continúen al frente de los procesos”, refirió.
Adrianzén indicó que la grabación –cuyo contenido ya había sido difundido anteriormente por algunos medios periodísticos– fue dada a conocer hoy por un medio de comunicación nacional.
“La jueza tendrá que dar explicaciones al respecto", dijo el ministro, quien recordó que Lastra dispuso el lunes no cambiar la orden de detención suspendida contra los cinco dirigentes por un arresto efectivo, a pesar de que habían reincidido en actos de violencia pública por los cuales fueron sentenciados anteriormente.
Por otra parte, adelantó que este viernes se revisará la detención preliminar de siete días dictada contra el dirigente antiminero, por el audio con el abogado Jesús Gómez en el que se escucha negociar el supuesto fin de la protesta a cambio de dinero.
“Se les ha dado una detención preventiva de siete días, pero el pedido que ha hecho el procurador, en coordinación con el Ministerio Público, es que se dicte prisión preventiva que llegue por lo menos a 18 meses”, apuntó.
(FIN) FGM/FHG
GRM
Publicado: 20/5/2015