El defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo para Conflictos Sociales, Rolando Luque, lamentó hoy el retiro de la mesa de diálogo de los alcaldes de la provincia de Islay opuestos al proyecto Tía María, y consideró que muestran una posición “muy cerrada” que no brinda el más “mínimo resquicio” para un intercambio razonable con el gobierno.
Luque explicó que los alcaldes enviaron la semana pasada dos cartas a la Defensoría del Pueblo manifestando su deseo de iniciar un diálogo con el gobierno y encargando a esta entidad la responsabilidad de organizar la mesa de diálogo.
No obstante, expresó su extrañeza por la actitud de este grupo que en la reunión de hoy subrayó que la única opción viable era el retiro total de la minera Southern de la zona y la cancelación del proyecto Tía María.
Según dijo, esta posición es radicalmente opuesta a la de los representantes del gobierno, quienes manifestaron su total voluntad de iniciar un diálogo para llegar a acuerdos que permitan recuperar la paz social en Islay.
Por ejemplo, explicó, la ministra de Energía y Minas, Rosa Ortiz, reveló estar dispuesta a declarar la nulidad del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, en caso el debate técnico confirme que contiene errores graves.
Asimismo, destacó que la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, informó que su despacho está dispuesto a contratar a un experto calificado para revisar el Estudio de Impacto Ambiental y emitir un informe sobre el tema.
“Han habido estos indicios de querer llegar a procesos razonables a través del diálogo, pero encontramos de otro lado una posición muy cerrada que no daba ni siquiera el más mínimo resquicio por el cual uno podría ingresar a un intercambio razonable en esta materia”, manifestó en la Hora N.
Por esta razón, dijo, la Defensoría del Pueblo no considera que las conversaciones hayan fracasado, pues, en la práctica, no se inició ningún diálogo debido a la intransigencia de este sector.
No obstante, expresó su disposición a seguir colaborando en la búsqueda de un acuerdo.
“(…) si la población tiene un desacuerdo con este proyecto, la vía razonable para dirimirlo es una debate donde se examine a fondo el contenido del Estudio de Impacto Ambiental y se dé paso a una negociación abierta a todas las posibilidades, donde puede haber la intervención de un tercero imparcial, donde puedan hacerse correcciones, modificaciones o, como lo ha dicho la propia ministra Ortiz, declarar la nulidad en caso se trate de graves fallas”, comentó.
A juicio de Luque, dado el nivel de conflictividad en la zona, el gobierno tendrá que evaluar en algún momento “con mucho detenimiento” la posibilidad de declarar el estado de emergencia.
Un punto de evaluación deberá ser si esta medida generará tranquilidad o si más bien empujará a los grupos en conflicto con el gobierno a rebelarse contra el estado de emergencia, advirtió.
Al respecto, indicó que las imágenes propaladas por la televisión muestran que los desplazamientos de los manifestantes no corresponde a personas espontáneas, sino a grupos organizados especialmente para enfrentar a las fuerzas del orden.
“Insistiremos en que la única vía que garantiza efectivamente la paz y la tranquilidad es llegar a acuerdos a través del diálogo, eso es lo único permanente que puede devolver la tranquilidad a Islay”, concluyó.
(FIN) CCR
Publicado: 6/5/2015