La Comisión de Ética Parlamentaria declaró improcedentes las denuncias presentadas contra 18 legisladores de diferentes bancadas, entre ellos los seis congresistas de Fuerza Popular acusados de viajar a un mitin en Puno, con pasajes pagados por el Congreso.
El pedido para iniciar una investigación de oficio de los congresistas fujimoristas Juan José Díaz, Rolando Reátegui, Alejandro Aguinaga, Freddy Sarmiento, Ángel Neyra y Francisco Ccama, fue solicitado por escrito por el presidente de dicha comisión, Humberto Lay, quien en la fecha no asistió por motivos de salud.
Los congresistas Mauricio Mulder (CP), Martín Belaunde (SN) y Mesías Guevara (AP-FA), expresaron su desacuerdo con esa investigación, mientras que el legislador Mora se abstuvo de votar.
Comentaron que los parlamentarios son representantes de la Nación y políticos, por lo que no existe irregularidad alguna en el mencionado viaje a Puno para representar a sus electores.
El legislador aprista Mulder dijo que “no hay que dejarse amilanar por titulares periodísticos” y afirmó que el pedido del congresista Lay no es pertinente.
Su colega Belaunde señaló que es un derecho de los parlamentarios visitar el Perú y como representantes del pueblo necesitan facilidades de pasajes aéreos.
Por su parte, Guevara comentó que los periodistas tienen derecho de hacer sus investigaciones, pero que la Constitución señala que los congresistas representan a la Nación.
En la misma sesión se dio cuenta de un oficio del legislador Reátegui, informando de la devolución del íntegro de los pasajes del mencionado viaje a Puno.
La sesión fue presidida por el vicepresidente de la comisión, congresista Daniel Mora (PP), debido a la ausencia de la ley por asuntos de salud.
De otro lado, también se declaró improcedente y fueron archivadas las denuncias contra los congresistas Wuilian Monterola (UR), Daniel Mora (PP), Elard Melgar (FP), Marco Falconí (UR) y Virgilio Acuña (SN), así como Yonhy Lescano (AP-FA), Amado Romero (NGP), Walter Acha (NGP), Eduardo Cabrera (FP), Luis Iberico (PPC-APP), Ramón Kobashigawa (FP) y Víctor Crisólogo (PP).
A Monterola se la acusa de supuesto vínculo con empresas de sus familiares, mientras que a Mora por opiniones vertidas en su función parlamentaria.
En tanto, la denuncia contra el congresista Melgar también fue por sus opiniones en torno a un accidente de tránsito.
Al parlamentario Falconí, por supuesta injerencia en contrato de su hijo en el Poder Judicial y al legislador Acuña, por supuesto aprovechamiento en gestiones ante empresas azucareras, pero que se realizaron en el 2010 cuando aún no era congresista.
A un grupo de ocho congresistas comprendidos en el Expediente 91-2013-2015/CEP-CR, se les acusa de diferentes acciones que-según se dijo- no afectan al Código de Ética, porque solo se han limitado a cumplir con sus funciones parlamentarias.
(FIN) NDP/ SMA/ ASH
Publicado: 20/4/2015