Tribunal de Corte Suprema ratifica condena a Comando Rodrigo Franco por lesa humanidad

ANDINA/Archivo

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23:02 | Lima, nov. 19.

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en ejercicio del control de convencionalidad y constitucionalidad, ratificó la condena emitida contra integrantes del denominado Comando Democrático Rodrigo Franco por graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de lesa humanidad.

El tribunal supremo acordó no haber nulidad en la sentencia que declaró a Jesús Miguel Ríos Sáenz, Jorge Mauro Huamán Alacute y Gino Fiori Gonzales autores de los delitos de secuestro y homicidio calificado.

Asimismo, responsabilizó a Ríos Sáenz como autor del delito de homicidio calificado en agravio de Saúl Isaac Cantoral Huamaní y Consuelo Trinidad García Santa Cruz. 

A ellos se les impuso quince años de pena privativa de libertad y el pago de S/200 mil por concepto de reparación civil a favor de los sucesores de los agraviados. 

“Ha quedado acreditada la existencia del autodenominado Comando Democrático Rodrigo Franco como aparato clandestino integrado por efectivos policiales y civiles vinculados al partido de gobierno”, indica el fallo. 

La Corte Suprema estableció que dicha organización actuó conforme a un patrón regular consistente en la selección de blancos del entorno subversivo, sindical u opositor, su ejecución extrajudicial y la colocación de un elemento de “falsa atribución”.

Lesa humanidad

Asimismo, señaló que los hechos materia de condena constituyen graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de lesa humanidad, por lo que no pueden ser objeto de amnistías y resultan imprescriptibles. 

Se precisó que, para que determinados hechos se consideren como tal, se debe verificar la concurrencia de un ataque sistemático o generalizado, que esté dirigido contra la población civil.

Asimismo, que sea ejecutado por un agente estatal o por una organización que actúa conforme a un plan o política preestablecida, y con conocimiento de dicho ataque por parte del agente. 

Por tanto, la Corte Suprema desestimó la aplicación de la Ley 32107, que establece la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad para hechos anteriores al 1 de julio de 2002.

“Corresponde inaplicar la Ley 32107, manteniendo la línea jurisprudencial histórica del Tribunal Constitucional y de la Corte IDH, que reconoce la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad como norma de ius cogens anterior al Estatuto de Roma y a la Convención de Imprescriptibilidad”, indica el colegiado.

La sala estableció, además, que son inadmisibles las disposiciones de amnistía que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas.

"De ese modo, la sala suprema sostuvo que se garantiza el derecho a la verdad, la tutela de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado", destacó el Poder Judicial.


El caso

En 1989, Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz, dirigentes de organizaciones sociales, fueron secuestrados y asesinados con arma de fuego en San Juan de Lurigancho. 

De igual forma, en 1988, tras ser interrogados, Luis Miguel Pasache Vidal fue ahogado y Sócrates Javier Porta Solano asesinado con arma de fuego por integrantes del grupo paramilitar.

La Fiscalía sostuvo, en su acusación, que los hechos investigados fueron ejecutados por personas vinculadas al aparato estatal, actuando por designación del gobierno peruano. 

(FIN) NDP/MCA/JCR


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Publicado: 19/11/2026