La trata de personas continúa expandiéndose en el Perú por altos niveles de impunidad que existe en el sistema de justicia, en el cual solo dos de cada 100 denuncias terminan en sentencia, según el X Informe Alternativo 2023–2025 sobre la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030, presentado por CHS Alternativo.
Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, explicó que la inestabilidad política ha afectado la continuidad de las estrategias de seguridad y lucha contra el crimen organizado.
Sin embargo, advirtió que existe una brecha significativa entre los recursos que se requieren para implementar la Política Nacional frente a la Trata de Personas y los que realmente se asignan.
“Esta situación tiene efectos directos en la protección de las víctimas. El informe ha encontrado que, de los 17 servicios previstos en la política pública para la atención y reintegración, solo 4 recibieron asignación presupuestal, lo que reduce la disponibilidad de servicios especializados. A ello se suma la escasez de albergues y centros de acogida residencial para atender de manera diferenciada a mujeres, hombres y personas LGTBIQ+”, refirió.
Además, el X Informe Alternativo da cuenta de problemas de interoperabilidad entre los registros oficiales que dificultan contar con cifras claras sobre el número real de víctimas.
Redes de explotación
El documento también advierte sobre la creciente presencia de redes de explotación en el entorno digital, especialmente dirigidas a niñas, niños y adolescentes.
El Ciberpatrullaje realizado por CHS Alternativo evidenció que solo en 2024 alrededor de 700 mil menores de edad enfrentaron riesgos sexuales en internet, mientras que se identificaron 1.6 millones de archivos vinculados a pornografía infantil, lo que demuestra cómo las redes criminales están aprovechando cada vez más los espacios digitales para captar y explotar a sus víctimas.
Frente a este escenario, CHS Alternativo plantea la necesidad de fortalecer la respuesta institucional mediante una mayor asignación de recursos, la implementación del Programa Presupuestal orientado a Resultados establecido por la Ley N° 30925, que está pendiente desde hace seis años, y el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas en la lucha contra este delito.
Más en Andina
(FIN) NDP/RES
JRA
Publicado: 12/3/2026