La Defensoría del Pueblo y la organización CHS Alternativo presentaron un balance de la acción del Estado frente a la trata de personas y renovaron su alianza estratégica para enfrentar las nuevas dinámicas de este delito en el Perú.
Según la investigación “Las economías criminales y su impacto en el Perú”, la trata de personas es uno de los negocios ilícitos que mayores ganancias de origen ilegal generan en el mundo. En esa línea, se estima que, en el Perú, este delito mueve más de US$ 1,300 millones al año.
Asimismo, concluye que cada año los explotadores obtienen unos US$ 700 millones por actividades vinculadas a la explotación sexual y otros US$ 600 millones por actividades relacionadas a la explotación laboral.
Esto significa una ganancia de S/ 28,875 anuales por cada una de las víctimas de trata de personas, cifra que contrasta con los apenas S/ 0.12 por persona que invierte el Estado para prevenir y perseguir el delito, así como para proteger a los afectados y financiar el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas.
El estudio también revela la innovación de los tratantes en las modalidades de captación, ya que ahora usan las redes sociales y aprovechan el espacio digital para la consecución del delito.
Al respecto, la investigación señala que durante los primeros seis meses de pandemia se superaron las 100,000 descargas de pornografía infantil, lo que equivale a S/ 19 millones gastados en el consumo de este material en Internet.
“La realidad es que los grupos criminales se fortalecen e innovan frente a lo que hace el Estado para combatir el delito. Los cálculos que presentamos son conservadores, lo que supone que la realidad es mucho mayor. Si a eso se le suma la ausencia de información certera sobre el estado real de la trata de personas en el Perú, ¿cómo protegemos a las víctimas?”, sostuvo Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.
Alianza estratégica
Al respecto, la defensora del pueblo, Eliana Revollar, señaló que en años anteriores se han desarrollado acciones conjuntas con CHS Alternativo y desde el rol de la institución y con este invaluable apoyo, se proseguirá supervisando la implementación de la actual política en materia de trata y los planes contra el trabajo forzoso.
También se priorizarán otros aspectos como las buenas prácticas institucionales, medir la capacidad de respuesta por parte del Estado y evidenciar las dificultades que se presentan en la ejecución de las políticas y de la normatividad vigente, a fin de erradicar toda forma de explotación y en particular la trata de personas.
“Es necesario fortalecer mecanismos de articulación y actuación oportuna por parte de los operadores de justicia, para la prevención, persecución y sanción del delito en entornos digitales, garantizando en cada actuación la observancia del Interés Superior del Niño en cumplimiento de la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030”, agregó Revollar.
Por otro lado, Valdés indicó que el país registra información relacionada a la trata de personas y sus distintas finalidades a través de dos sistemas administrados por el Ministerio del Interior y el Ministerio Público; sin embargo, las cifras de ambas dependencias son radicalmente distintas entre sí.
“Aunque el Ejecutivo se comprometió hace cinco años a solucionar este tema, la promesa aún no se ha cumplido. A ello se suma la falta de información sobre el impacto de este delito en las personas migrantes”, añadió.
Sobre Economías Criminales
La segunda edición del libro “Las economías criminales y su impacto en el Perú. ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo?”, de Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera, actualiza la información relacionada con las economías criminales que operan en el Perú.
Ello se refiere a actividades como la tala ilegal, el contrabando, la trata de personas, la minería ilegal, el tráfico de terrenos, el tráfico ilícito de drogas, la extorsión a pequeñas y medianas actividades económicas y el tráfico de flora y fauna silvestre, las cuales mueven un estimado de US$?7,014 millones anuales.