La transparencia y el acceso a la información pública en poder de las instituciones es una herramienta eficaz para luchar de forma decidida contra la corrupción, opinó hoy el defensor del pueblo (e), Eduardo Vega, quien abogó por la defensa de ambos derechos ciudadanos.
Consideró que en el Perú aún existe una cultura del secretismo y que una clara muestra de ello es que un 42 por ciento de municipios, gobiernos regionales y ministerios todavía cobran de forma excesiva para dar acceso a los ciudadanos la información pública.
“Hay sectores que se niegan a dar información y ello obliga a acudir al
Poder Judicial para que, a través de un hábeas data, esta pueda ser entregada”, detalló al presentar el Reporte de Supervisión del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborado por la
Defensoría del Pueblo.
Dicho reporte, basado en la supervisión hecha a ministerios, gobiernos regionales y municipios distritales y provinciales, muestra la exigencia de cobros desproporcionados e ilegales, así como de requisitos innecesarios al momento de tramitar la entrega de información pública.
También se pudo identificar que en el 92 por ciento de las municipalidades distritales de Lima se establecen cobros por copias fedateadas.
De esta manera, el titular de la Defensoría del Pueblo llamó la atención, enfáticamente, a las entidades públicas para que den cumplimiento a lo establecido por el
Tribunal Constitucional, que ha proscrito los cobros desproporcionados e ilegales en esta materia.
El funcionario también mostró su preocupación por la exigencia de requisitos ilegales para la atención de las solicitudes de información pública, pues se identificó que el 33 por ciento de estos municipios distritales exigen copia del Documento Nacional de Identidad.
Asimismo, según el reporte, el 50 por ciento de las municipalidades provinciales solicita a las personas que sustenten para qué piden la información y, en el 21 por ciento de los casos, estas entidades exigen que se asegure su buen uso.
Indicó también que la constante rotación de los funcionarios responsables del acceso a la información pública repercute de manera negativa en la oportunidad en que se brinda la información que puede ser solicitada.
A escala nacional, el 33 por ciento de los funcionarios de municipios provinciales tiene menos de un año en el cargo, mientras que el nivel de rotación más alto se presenta en los ministerios, en los cuales el 50 por ciento de los funcionarios tiene menos de un año en esta labor.
En ese sentido,
Vega Luna señaló que la trasparencia, como herramienta eficaz ante el riesgo de actos de corrupción en la esfera pública, debe ser fortalecida, por ejemplo, mediante la creación, en el ámbito administrativo, de una autoridad garante y autónoma en la materia.
Detalló que esta autoridad nacional en transparencia y acceso a la información pública permitiría fiscalizar y sancionar los incumplimientos a la ley sobre la materia, establecer criterios vinculantes y revisar las negativas que se dan a la hora de brindar esta información.
“Esta autoridad podría resolver los casos en los que a la ciudadanía se le niega información pública en manos de ministerios, gobiernos regionales y municipios. A veces se piensa que sería un nuevo organismo con mayor burocracia, pero esa es una visión equivocada”, apuntó.
(FIN) MVF/CCR
JRA
Publicado: 15/10/2015