El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, dijo hoy que corresponde al Congreso tomar una decisión respetando la Constitución, pero también pensando en la estabilidad del país, en el segundo pedido de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra.
Si bien mantiene su posición de que no hay mérito para una vacancia presidencial, señaló que el Congreso debe ponderar de manera responsable el contexto en que se va a definir este tema, en medio de una pandemia y cuando ya está en marcha un proceso electoral.
“Todos los actores (deben) cumplir con los deberes que establece la Constitución en la materia, y el deber del Congreso es adoptar una decisión respetando la constitución y su espíritu, pero también pensando en la estabilidad del país, en este momento en el cual estamos a poco tiempo de las elecciones y en medio de una emergencia sanitaria”, afirmó.
Según Lanegra, la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral debe ser utilizada en casos donde efectivamente existe una certeza de la comisión de un delito, y no cuando este proceso está aún en una fase de investigación, “sin elementos suficientes para alcanzar esa certidumbre”, como ocurre con las denuncias contra el Jefe del Estado.
El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, dijo esta mañana que el gobierno respeta la decisión del Congreso de no adelantar la fecha de la sesión de vacancia para este viernes, como lo había solicitado Palacio de Gobierno y, en consecuencia, el lunes 9 el presidente Vizcarra concurrirá al Parlamento a ejercer su derecho de defensa.
TC: proceso deslegitimado
En otros temas, el secretario general de Transparencia reiteró su preocupación por los cuestionamientos a las decisiones de la comisión especial del Congreso encargada de seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional, y advirtió si estos persisten o no se corrigen, el proceso corre el riesgo de perder legitimidad.
Se refirió básicamente a los tres casos de aspirantes que fueron excluidos del proceso, no por haber incumplido con los requisitos, sino por errores de la propia comisión, como decir que un título universitario no estaba acreditado en la Sunedu, cuando sí lo estaba.
Dijo que estas personas bien podrían interponer un recurso ante la comisión, porque se les ha vulnerado el debido proceso, lo que es muy grave en un concurso público, y además el reglamento aprobado es deficiente.
“La información que estamos recibiendo es muy preocupante, no muestra un proceso serio. El concurso tiene problemas serios y si no se corrigen puede llevar a un proceso carente de legitimidad”, señaló.
La comisión aprobó ayer la relación de los 30 abogados aptos para continuar en el concurso, y se supone que mañana la lista debe ser publicada en los medios, para el lunes empezar el proceso de tachas.
(FIN) DOP
JRA
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Publicado: 5/11/2020