Magistrados del Tribunal Constitucional (TC) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la amenaza a la independencia de sus funciones por parte del Congreso de la República por el caso El Frontón.
En una última audiencia, los magistrados del TC, María Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza, advirtieron que la independencia de la institución viene siendo afectada “por presiones externas que se derivan de un pedido de acusación constitucional”.
Dicho pedido, precisó Ledesma, fue presentado por 11 exmiembros de la Marina procesados por la justicia ordinaria en
el caso El Frontón, tema que todavía no se encuentra concluido dentro del mismo Tribunal Constitucional.
“El pedido tiene el objetivo final de destituirnos y amedrentarnos ante decisiones que a futuro tengamos que tomar y se convierte en instrumento de represalia por el contenido de nuestras decisiones jurisdiccionales”, añadió.
Ledesma recordó que la referida solicitud de acusación fue admitida por el Congreso de la República y se encuentra en trámite.
Asimismo, la magistrada consideró que las razones para apartarlos del cargo pasan por haber cumplido su deber como jueces constitucionales.
En este caso, precisó, tras atender un pedido de la Procuraduría Especializada Supranacional, a fin de que se subsane de oficio un error en el cómputo de votos de un habeas corpus sobre el caso Frontón, que no calificaba los hechos como
crimen de lesa humanidad, a pesar de que la justicia así lo había estipulado.
Ledesma refirió que destituir a magistrados del TC por parte del Congreso no es novedad, pues sucedió en 1996, cuando dicho poder del Estado estaba integrado por una mayoría fujimorista.
“Hoy existen indicios razonables de que se pretende repetir la historia: hay una abrumadora composición en el Congreso de miembros del fujimorismo y existe acusación constitucional contra jueces que hemos resuelto un pedido a favor de una subsanación”, advirtió.
Ante ello, afirmó que existe una alta probabilidad de que la permanencia de sus cargos esté en riesgo “y en tanto ello sucede se viene utilizando mecanismos de acusación como medio de amedrentamiento a nuestra independencia cada vez que tenemos que ver casos vinculados directa o indirectamente con el grupo mayoritario del Congreso”.
Dijo también que los hechos que configuran la referida amenaza son de conocimiento de los organismos de Naciones Unidas, cuyos relatores han dirigido comunicaciones al Estado peruano expresando su preocupación.
El TC emitió en marzo pasado una resolución que subsana su fallo del año 2013 en el que determinó que el caso El Fronton no podía ser considerado como un crimen de lesa humanidad.
Al subsanar dicho fallo, el caso El Fronton ha sido reabierto, lo cual generó fuertes críticas en algunos sectores políticos e incluso una denuncia constitucional contra los magistrados del TC que votaron a favor del fallo que subsana la sentencia del año 2013.
Como se recuerda, miembros de la Marina de Guerra del Perú fueron involucrados en el asesinato de terroristas presos rendidos, durante las operaciones para debelar el motín en el penal El Fronton, durante el primer gobierno de Alan García.
(FIN) VVS/CCR
JRA
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Publicado: 25/10/2017