La Defensoría del Pueblo, a través del Mecanismo nacional independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD), se encuentra supervisando la implementación de dicha política que incluye la prevención y atención de la violencia escolar contra estudiantes con discapacidad.
Malena Pineda, jefa del Programa de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo señaló que, frente a los casos de violencia escolar, se está incidiendo en que todas las instituciones educativas cumplan con las normas y roles dispuestos para la identificación de prácticas que dañen la salud física y mental, así como la activación de los protocolos de atención en casos de violencia escolar.
De acuerdo al Sistema Especializado en Atención de Casos sobre Violencia Escolar (SiseVe) del Ministerio de Educación, durante el presente año se vienen registrando 32 casos de violencia contra estudiantes con discapacidad.
El mayor porcentaje de casos está asociado a la violencia psicológica, específicamente por discriminación (7%), seguido por agresión verbal (6%), violencia física con lesiones (5%), violencia física sin lesiones (5%), castigo físico (4%), trato humillante (2%), violencia sexual-tocamientos indebidos (1%), acoso (1%) y aislamiento (1%).
“Las y los estudiantes con discapacidad física, intelectual, trastorno del espectro autista o sensorial y estudiantes con otras necesidades educativas, entre los que se podría mencionar a los que presentan el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, tartamudez, entre otros, son más vulnerables ante el acoso escolar y por ello es necesario concientizar sobre la discapacidad y la cultura inclusiva a docentes, madres, padres y estudiantes para prevenir situaciones de violencia y detectar los casos desde etapas tempranas así como valorar las diferencias” afirmó la funcionaria.
La supervisión nacional de la Defensoría del Pueblo también incluye verificar la accesibilidad de la infraestructura de las instituciones educativas, la disponibilidad de docentes capacitadas/os, la adaptación de los materiales educativos, la inclusión del enfoque de discapacidad en todos reglamentos y normas, la asignación de intérpretes de lengua de señas calificados, entre otros factores que permitan garantizar una educación de calidad para las y los estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas especiales.
Es importante mencionar que el numeral 7.3.3 de la
Resolución Ministerial n.° 186-2022-MINEDU señala que “el Comité de Gestión del Bienestar tiene como función el desarrollo de acciones que promuevan una adecuada promoción de la convivencia escolar, así como la prevención y atención oportuna de casos de violencia escolar considerando las orientaciones y los protocolos de atención propuestos por el sector, en coordinación con los actores de la comunidad educativa correspondiente.
Asimismo, esta norma dispone la implementación de la
línea SiseVe (0800-76888) para el reporte de hechos de violencia contra estudiantes y obtener el soporte emocional ante un hecho de violencia contra los estudiantes.
De acuerdo al Censo 2017, existen 756 499 personas con discapacidad en edad escolar (0-29 años), no obstante, la cantidad de estudiantes con discapacidad registradas/os el año pasado de acuerdo al Ministerio de Educación (Minedu) fue de 90 773 en alguna modalidad de educación básica y técnico productiva, manteniéndose una brecha de 88 % de personas con discapacidad que no accede al sistema educativo.
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(FIN) NDP/KGR
Publicado: 11/6/2022