Con el objetivo de facilitar de forma directa el acceso a los diversos servicios registrales de la población rural y rural dispersa, en situación de pobreza y pobreza extrema, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) suscribió un convenio con el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
La firma oficial del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional estuvo a cargo de la superintendente nacional de la Sunarp, Never Patrik Miranda Aburto, y del director ejecutivo del programa PAIS, Manuel Pachas Ochoa.
Las acciones conjuntas se centrarán en la capacitación, la asistencia técnica y la articulación institucional en las Plataformas de Servicios Fijas, conocidas habitualmente como tambos, desde donde se brindarán los servicios de la Sunarp.
“Cada institución aportará lo que le corresponda y más, en favor de la población porque nosotros como Sunarp queremos llegar a más peruanos, queremos que se sientan resguardados y vamos a proteger todo su patrimonio de manera legal”, manifestó la superintendenta de la entidad.
Por su parte, el director ejecutivo del programa nacional PAIS, Manuel Pachas, señaló que “con esta alianza acercamos los servicios registrales a quienes más los necesitan, evitando largos desplazamientos y facilitando el ejercicio de sus derechos fundamentales. Además, fortalecemos el rol de los tambos como la principal puerta de acceso de la población rural y rural dispersa a los servicios esenciales del Estado”.
Compromisos de la alianza
Mediante este convenio, la Sunarp capacitará a los gestores institucionales de los tambos para el uso correcto del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL).
Por su parte, el programa PAIS facilitará sus instalaciones fijas y su capacidad operativa territorial para atender las demandas registrales de los ciudadanos. Además, la Sunarp se integrará activamente en las Caravanas Multisectoriales organizadas por el programa en las comunidades vulnerables.
Sostenibilidad y transparencia
El convenio cuenta con una vigencia inicial establecida de dos años a partir de la firma formal del documento. Al tratarse de un acuerdo específico de colaboración, este no genera ningún tipo de transferencias de recursos económicos ni pagos de contraprestaciones financieras entre las dos instituciones del Estado.
Cada entidad cubrirá sus intervenciones de acuerdo con sus propios presupuestos y bajo un plan de trabajo coordinado que se estructurará en un plazo máximo de 30 días calendario.
(FIN) NDP/LZD
Publicado: 25/7/2026