La Contraloría General de la República constató que ocho zonas arqueológicas de Lima y Callao, declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, se encuentran parcialmente invadidas desde hace varios años por habitantes de asentamientos humanos.
En siete de las ocho zonas arqueológicas visitadas, los pobladores han afectado irreversiblemente el patrimonio cultural y arqueológico, pero además, existe el riesgo de que pueda perderse y destruirse en su totalidad, añadió la institución.
Se ha determinado que más de 1,200 km2 de zonas arqueológicas se encuentran ocupados por asentamientos humanos. El caso más grave se registra en Armatambo-Morro Solar (Chorrillos), donde 1,059 km2 han sido invadidos.
Todas las parcelas intangibles de Armatambo (donde existe evidencia arqueológica y, por lo tanto, debería estar libre de invasiones) continúan siendo ocupadas parcialmente por asentamientos humanos, a pesar de que el Ministerio de Cultura tenía que adoptar acciones inmediatas para desalojarlos.
Más de una decena de asentamientos humanos también invadieron parcelas declaradas en emergencia (en las cuales aún no se descarta la existencia de restos arqueológicos). Es más, los auditores han verificado que las precarias viviendas ubicadas en dichas zonas cuentan con servicios básicos, formales e informales.
De cemento y madera
Excepto en Tablada de Lurín, ubicada en Villa María del Triunfo, en las siete zonas arqueológicas visitadas se han encontrado familias enteras habitando viviendas y estructuras de material noble o prefabricado hasta de cuatro pisos, instalaciones formales e informales para servicios de agua y luz, reservorios, cisternas, así como criaderos ilegales de animales y huertos.
Las zonas críticas, debido al alto número de edificaciones de material noble y precario, son Huaca Palao (San Martín de Porres), Armatambo (Chorrillos), la Era de Ñaña (Chosica) y Cerro La Regla (Callao).
En la zona arqueológica la Era de Ñaña, por ejemplo, se ha identificado la prese ncia de diversas asociaciones de vivienda, instituciones educativas y otras agrupaciones civiles que coexisten en dicha zona arqueológica.
Mientras que en Cerro La Regla y Armatambo se habrían destruido remanentes arqueológicos al implementar el servicio de agua potable mediante la construcción de reservorios, cisternas y tendido de tuberías, los cuales fueron ejecutados por empresas formales y por los mismos pobladores.
Estos hechos demuestran que los sitios arqueológicos se encuentran desprotegidos y no son respetados por los asentamientos humanos vecinos que expanden sus viviendas y destruyen la arquitectura y restos culturales que allí se encuentran.
Una grave situación que ha sido comunicada a las autoridades del Ministerio de Cultura para que cumplan con su función de preservar, proteger y defender nuestro legado cultural.
Gente de mal vivir
Durante la acción simultánea, también se identificó que por lo menos una parcela intangible de las zonas arqueológicas de Armatambo, Cerro La Regla y Naranjal está siendo ocupada por algunas personas para guarecerse y consumir estupefacientes.
Incluso, una parcela intangible de Armatambo se ha convertido en un criadero de gatos abandonados, lo que genera un intenso hedor y malestar en toda la zona.
"No se cumplen normas mínimas de protección"
Al respecto, el contralor Fuad Khoury afirmó que esta situación se origina porque el Ministerio de Cultura no está cumpliendo con las normas mínimas de protección de los sitios arqueológicos, como la delimitación y señalización de las zonas.
Añadió que no se han iniciado las acciones legales correspondientes para desalojar a los invasores, ni se han tramitaron procedimientos administrativos para sancionarlos económicamente, a fin de castigar a los responsables de las afectaciones al Patrimonio Cultural.
En una reunión sostenida con las autoridades del Ministerio de Cultura, la Contraloría General ha recomendado que elaboren una base de datos con las zonas arqueológicas ocupadas por asentamientos humanos para que estén debidamente identificadas y puedan ser priorizadas debido a su alto nivel de vulnerabilidad.
De igual modo, fortalecer las acciones de protección del patrimonio con los respectivos gobiernos locales y la Policía Nacional del Perú, para prevenir futuras invasiones.
"Preocupa e indigna que mientras el mundo admira nuestra riqueza cultural, los mismos peruanos terminemos destruyéndola. Defendamos como ciudadanos nuestro legado cultural y exijamos que las autoridades cumplan con aplicar la ley", enfatizó.
(FIN) NDP/RRC