La fiscalía provincial Especializada en Materia Ambiental de Moyobamba inició una investigación contra dos presuntos responsables de provocar un incendio forestal en el distrito de Rumisapa, en la provincia de Lamas, departamento de San Martín.
En coordinación con el personal policial del departamento de Medio Ambiente de San Martín y la Autoridad Regional Ambiental (ARA), el fiscal Alexander Taica Luliques llegó al distrito de Rumisapa para constatar la identidad de los presuntos responsables del incendio forestal.
Durante la intervención de las autoridades se verificó que el fuego arrasó aproximadamente dos hectáreas de bosque y se encontró en la zona aledaña al área quemada a los propietarios del predio, identificados como Madinzon Bardales y Merardo Bardales, contra quienes la fiscalía inició las investigaciones por el presunto delito contra el medioambiente.
El hecho fue denunciado por un ciudadano, quien dio cuenta que a la altura del kilómetro 5 de la carretera hacia el distrito de Rumisapa se estaba produciendo un incendio forestal que amenazaba extenderse. Gracias a la oportuna intervención de los vecinos del lugar se logró extinguir sin consecuencias que lamentar.
Al respecto, el fiscal Alexander Taica Luliques manifestó que dicho acto contraviene las normas y el desborde del fuego perjudicó la ecología y la fauna silvestre de forma agravada.
“El nuevo Proyecto de Ley de Prevención y Control de Incendios Forestales, aprobada por el Consejo de Ministros, busca establecer mecanismos preventivos y de intervención ante emergencias de este tipo que contempla los Delitos contra los bosques o formaciones boscosas, el cual sanciona con penas de cuatro a seis años de prisión y prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas a quienes destruyan, dañen o talen bosques sin contar con los permisos necesarios, tal es el caso de este incendio posiblemente provocado”, refirió.
El representante del Ministerio Público recordó que provocar incendios forestales es un delito ambiental que se sanciona con una pena mínima de 4 años y máxima de 10 años de cárcel, en sus formas agravadas.
En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a identificar y denunciar a los responsables de quemar bosques o chacras, pues la deforestación, altas temperaturas y déficit de agua, afecta a todos.
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