El puente Punta Arenas, ubicado en el distrito de Campanilla, en la provincia de Mariscal Cáceres, fue objeto de un nuevo atentado criminal el pasado miércoles 12 de marzo. En esta ocasión, el daño ha sido mucho más grave que el ocurrido en 2023, con la rotura de 10 cables que dan soporte a este importante viaducto, que conecta el sur de la región San Martín con la sierra y la costa del Perú, a través de la carretera Fernando Belaúnde Terry.
Al respecto, el alcalde del distrito, Víctor Hugo Saavedra Sandoval, condenó enérgicamente este acto delictivo. Exigió una investigación rigurosa para identificar y sancionar con todo el peso de la ley a los responsables de este atentado, que atenta contra el desarrollo de la región. Asimismo, pidió la adopción de medidas urgentes para restaurar la conectividad y garantizar la seguridad en la zona.
“Este atentado no solo afecta la vialidad y la transitabilidad, sino también el desarrollo económico de la zona. Es urgente coordinar y tomar acciones para mitigar el daño a la transitabilidad y al desarrollo económico de nuestros pueblos del Alto Huallaga”, declaró la autoridad edilicia.
Además, dijo que, tras el ataque, convocó a una reunión de emergencia para establecer, mediante una mesa de diálogo, los plazos específicos para la rehabilitación del puente Punta Arenas y poder transitar por el puente en el Alto Huallaga.
“Esta medida se tomó considerando la experiencia vivida con el puente Pizana, cuya reparación, tras un atentado similar, se ha demorado años, afectando negativamente el tránsito y la economía en la región”, manifestó Saavedra Sandoval.
El burgomaestre del distrito de Campanilla anotó que otro de los acuerdos asumidos es que el Gobierno nacional, a través de la Marina de Guerra y el Ministerio de Transportes, tomen el control del servicio de balsa cautiva, que permite el traslado de vehículos pesados y livianos a través del río Huallaga.
“Esto evitará que los balseros, quienes se presume podrían ser los autores del atentado, se beneficien de la situación y conviertan este servicio en un negocio”, puntualizó.
Agregó que otra posible solución es que, mediante un proyecto IOAAR, se faculte a la Municipalidad Distrital de Campanilla para construir y operar la barcaza cautiva municipal en conjunto con las rondas campesinas de la zona. “De esta manera, se podrá tomar el control del servicio de transporte de vehículos, evitando que empresarios privados sigan lucrando con este negocio. Además, permitiría una gestión más justa y equitativa del servicio, beneficiando a la comunidad sanmartinense”, explicó.
Expresó que, al respecto, las rondas campesinas de Campanilla reiteraron que no permitirán que balseros oportunistas lucren y se aprovechen de estas circunstancias. “Estos balseros deben gestionar la autorización de la municipalidad distrital y coordinar con las rondas campesinas y demás organizaciones sociales”, aseveró.
También se acordó que toda reunión relacionada con el puente Punta Arenas se realice en el mismo lugar de los hechos, es decir, en el distrito de Campanilla, y no en Moyobamba, Tarapoto o Juanjuí. “Esto implica que las autoridades regionales y nacionales deben acudir a este lugar para tomar decisiones informadas y oportunas. De esta manera, se busca garantizar que las decisiones se adopten en el contexto más adecuado y con la participación de las autoridades correspondientes”, enfatizó el alcalde Saavedra.
Resaltó que el puente Punta Arenas es fundamental para la conectividad y el desarrollo económico de la región. “Su cierre temporal debido al atentado podría provocar un aumento significativo en los costos operativos del transporte y en los tiempos de entrega de cargas, lo que a su vez podría elevar los precios de los alimentos y otros productos”, advirtió.
Tránsito interrumpido por el puente Punta Arenas
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, informó que a partir de las 6 p. m. del viernes 14 de marzo se interrumpió el tránsito vehicular en el puente Punta Arenas, ubicado en el kilómetro 754 de la ruta Campanilla-Pizana, en el departamento de San Martín.
La medida responde a la necesidad de salvaguardar la integridad de la población, luego de que la infraestructura fuera vandalizada con el corte de uno de sus cables estructurales, lo que representa un alto riesgo para el tránsito de vehículos y peatones.
En una reunión de emergencia, especialistas en puentes y el jefe de la unidad zonal San Martín de Provías Nacional, en coordinación con autoridades locales, acordaron restringir el tránsito para evitar accidentes y proceder con la reparación del puente.
Se estima que los trabajos de reemplazo del cable estructural del puente tomen aproximadamente 90 días.
El MTC exhortó a la población a respetar las indicaciones del personal a cargo del tránsito y la señalización de seguridad colocada en la zona, así como a reportar cualquier acto que atente contra la infraestructura vial para evitar perjuicios tanto para los ciudadanos como para el Estado.
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