Un megaoperativo ejecutado por la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción permitió la desarticulación de la organización criminal “Los piratas”, presuntamente dedicada al tráfico ilícito de drogas, sicariato, robo agravado, extorsión y corrupción de funcionarios.
La
intervención, autorizada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huallaga – Saposoa, se desarrolló de manera simultánea en diversas regiones del país como San Martín (provincias de San Martín, Bellavista, Mariscal Cáceres, Huallaga, Moyobamba, Picota y Tocache), Amazonas (Bagua y Chachapoyas), Lima (Los Olivos), y Loreto (Iquitos y Yurimaguas).
Además, se reaizaron intervenciones en once celdas de los penales de Tarapoto, Moyobamba, Iquitos y Bagua, donde permanecen recluidos varios integrantes de esta red criminal.
12 policías detenidos
El
juzgado ordenó la detención preliminar por 15 días de 42 investigados, entre ellos 15 efectivos policiales y 27 civiles. Según las investigaciones, “Los Piratas” operaban bajo una estructura jerárquica con funciones claramente definidas.
Entre los detenidos figuran agentes activos y en retiro de distintas unidades policiales, como el Grupo Terna, DEPINCRI, DEPOTAD y el Escuadrón Verde. Tres de los efectivos policiales aún no han sido ubicados, al igual que algunos imputados civiles.
Líder de banda es un suboficial PNP
La investigación del Ministerio Público identifica como presunto líder a Carlos Miguel Gamarra Pérez, alias “Calicho” o “Dominick”, suboficial de primera de la PNP, quien prestó servicios en el Grupo Terna de Tarapoto y en otras subunidades policiales de la Región Policial San Martín.
Gamarra Pérez habría aprovechado su posición como agente de inteligencia para reclutar a otros policías y delincuentes comunes, conformando así una red criminal dividida en dos facciones, primera facción: integrada por policías en actividad y retiro, dedicada al tráfico ilícito de drogas, robo agravado y extorsión y la segunda facción compuesta por delincuentes comunes, encargados de ejecuciones, robos y cobros extorsivos.
El principal lugarteniente y coordinador general de la organización sería Silver Mozombite Isminio, alias “Chato Silver” o “Lata Vieja”, quien mantenía el nexo entre los policías corruptos y los delincuentes dedicados al narcotráfico.
Entre los delitos más graves que se le atribuyen a “Los Piratas” figuran: Asesinato del empresario Jorge Ambrosio Rengifo (Tarapoto, 2020), Robo agravado y homicidio del cambista Hernán Guido Laynes Gonzales (Tarapoto, 2022), Robo agravado y lesiones a un trabajador del grifo Micaela (Banda de Shilcayo, 2023) y Asalto a la agencia del Banco de la Nación en Uchiza (Tocache, 2025).
También se documentaron robos y secuestros vinculados al tráfico de drogas, como el arrebato de cargamentos de pasta básica de cocaína (PBC) durante operativos simulados realizados entre 2020 y 2023 en zonas como Campanilla, Huallaga, Barranquita y Tocache.
Los miembros de la organización recibían entre S/ 6,000 y S/ 16,000 por operativo, mientras que los líderes manejaban la distribución de la droga y las ganancias obtenidas.
Las investigaciones revelan que la red alquilaba y comercializaba armamento policial, incluyendo fusiles AKM, FAL y AR-15, utilizados en operativos ilegales. Parte del dinero obtenido se destinaba a sobornos y manipulación de evidencias.
En un caso registrado en febrero de 2023, se reunieron S/ 22,000 para pagar a un abogado y a dos peritos —uno del Ministerio Público y otro de la PNP— con el objetivo de alterar informes periciales. También participaba el médico José Carlos Nole Medina, alias “Doctor Nole”, quien emitía certificados médicos falsos para justificar ausencias de policías implicados.
Entre los efectivos policiales detenidos se encuentran: Robert Rengifo, Alex Ramírez, Carlos Príncipe, Jarby Bautista, Arnold Inga, Antony García, Genix Pizango, Stanlees Coronel, Roly Coral, Yahir Barreto, Segundo Vásquez y Will Ushiñahua.
Entre los civiles detenidos figuran, Jarry Ramos, Tylza Vallejos, Jennifer Pérez, Gilmer Panduro, Julián Sánchez, Lenin Cachay y William Ruiz.
Este caso revela una profunda infiltración del crimen organizado en la Policía Nacional, con agentes de distintas unidades colaborando con delincuentes para simular operativos oficiales o encubrir actividades ilícitas.
Ante la gravedad del caso, el Ministerio del Interior ha anunciado que se impulsará la expulsión definitiva de los efectivos implicados y se reforzarán los mecanismos de control interno para prevenir futuras infiltraciones.
Los delitos imputados incluyen; organización criminal, tráfico ilícito de drogas, homicidio y sicariato, robo agravado y extorsión.
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Huallaga – Saposoa declaró fundado el requerimiento fiscal y dispuso allanamientos, incautaciones y capturas simultáneas en todas las regiones intervenidas.
Este caso ha generado conmoción pública y una profunda preocupación institucional por el nivel de corrupción descubierto. La Fiscalía Anticorrupción y la Inspectoría General de la PNP han iniciado investigaciones paralelas para determinar responsabilidades administrativas y disciplinarias.
En los próximos 15 días, la Fiscalía deberá sustentar las pruebas que permitirán decidir si el caso pasa a etapa judicial y se formalizan las acusaciones penales contra los implicados.