Los jueces de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia expresaron hoy su respaldo al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y al Consejo Ejecutivo de ese poder del Estado, tras la aprobación del Estatuto de la Sala Penal Nacional.
En un
pronunciamiento, aseguraron que el proceso para institucionalizar el funcionamiento de la
Sala Penal Nacional se realizó dentro del ámbito de las atribuciones de gobierno del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y con el objetivo de velar por el interés superior de la justicia.
Como se recuerda, el referido estatuto elaborado por el Poder Judicial regula la organización y funcionamiento de la Sala Penal Nacional.
Según el pronunciamiento, la petición de la Sala Penal Nacional de “adoptar las medidas necesarias” para superar la “crisis generada” por la publicación y entrada en vigor del citado estatuto obvió el canal regular de hacerlo por intermedio del presidente del Poder Judicial.
“La Sala Plena de la Corte Suprema, como órgano máximo de deliberación del Poder Judicial, toma esta comunicación como expresión del derecho de petición, pero deplora la vía y los modos inadecuados para ejercerlo”, se indicó en el manifiesto.
En tal sentido, este órgano afirmó la necesidad de respetar los canales institucionales y de proceder con la prudencia, mesura y altura que corresponde a todo magistrado judicial, y también ratificó su respaldo al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Asimismo, explicó que las plazas judiciales de la Sala Penal Nacional deben ser sometidas a concurso público, y que solo se puede sostener una vulneración a la garantía de inamovilidad judicial si se remueve arbitrariamente al juez que es titular de una plaza judicial específica.
“En el presente caso no ha sucedido lo uno ni lo otro”, se mencionó en el pronunciamiento.
Agregó que se dispuso formar una Comisión de Jueces Supremos para fijar los cauces de institucionalización del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
De la misma firma, destacó la necesidad de que las plazas judiciales que integran este sistema también sean cubiertas mediante concurso público de méritos y evaluación personal
por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
También reconoció la alternativa de poder unificar ambos sistemas, que será valorada por dicha comisión y el propio Consejo Ejecutivo.
“En todo caso, en el ámbito concreto de sus potestades, la definición de la competencia en casos puntuales corresponderá a los órganos jurisdiccionales, conforme a las normas procesales de la materia”, se señaló.
Finalmente, la Sala Plena de la Corte Suprema reiteró que el respeto a los mecanismos institucionales y el diálogo asertivo basado en el respeto mutuo, la prudencia y el rigor de los planteamientos formulados, fortalecen la impartición de justicia y el sistema democrático.
(FIN) NDP/MVF/CCR
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Publicado: 5/1/2018