La Sala Penal Nacional decidió suspender el inicio del nuevo juicio oral, previsto para hoy, contra los presuntos miembros del comando paramilitar Rodrigo Franco, que operó en el primer gobierno de Alan García, cuando Agustín Mantilla era ministro del Interior.
La recusación es el acto procesal que tiene por objeto impugnar legítimamente la actuación de un juez en un proceso.
En declaraciones a la
Agencia Andina, la abogada
Gloria Cano sostuvo que debe primar la transparencia y la imparcialidad en este caso que tiene más de 25 años sin resolverse.
“Hemos pedido un recurso de recusación para la magistrada Mirtha Bendezú Gómez, porque ella es esposa del señor Ricardo Chumbe, quien tiene una fuerte ligación con el estudio Peláez Bardales, que defendió a Alan García Pérez”, comentó.
Cano consideró que se deben
cumplir todas las garantías para las partes involucradas y remarcó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (
CIDH) está pendiente de lo que ocurra en este proceso.
“La Corte señaló que el Estado está en la obligación de investigar de forma seria, oportuna e imparcial la causa. Lo que está pasando ahora con la presencia de esta magistrada es sin duda una duda sobre la imparcialidad que pueda haber en el proceso”, agregó.
Aseguró que este nuevo acontecimiento en el proceso será reportado debidamente a la CIDH para dejar constancia del proceder del sistema de justicia.
La abogada indicó que para la próxima semana se espera que la Sala encargada del caso discuta si la recusación presentada es procedente.
Como se recuerda, el denominado comando
Rodrigo Franco fue un escuadrón que en entre 1985 y 1990 habría cometido crímenes de lesa humanidad y asesinado a civiles como parte de la lucha contra el terrorismo.
En el proceso está vinculado el exministro Agustín Mantilla, junto a otros procesados como Jesús “Chito” Ríos Saénz, Jorge Huamán Alacute, Enrique Melgar Moscoso, Carlos Farfan Yácila, Óscar Urbina Sandoval, Gino Fiori Gonzales, Juan Pampa Quilla y Walter Lauri Morales.
Al comando también se le responsabiliza por los supuestos secuestros y ejecuciones del abogado Manuel Febres Flores, los estudiantes Miguel Pasache Vidal y Javier Porta Solano, así como del dirigente sindical Saúl Cantoral, entre otros.
(FIN) RFA/MVF