En el inicio del juicio oral contra 13 militares acusados de la violación sexual de nueve mujeres en las localidades Manta y Vilca (Huancavelica), entre los años 1984 y 1995, la defensa legal de las víctimas solicitó al tribunal que las audiencias sean públicas.
“Ese fue el principal debate hoy, la necesidad de que las audiencias sean públicas, pese a que la norma penal establece que los juicios de esa naturaleza sean reservados. Nuestras patrocinadas renuncian a ese privilegio (…) eso ha quedado a la deliberación del tribunal”, explicó el abogado Carlos Rivera a la agencia Andina.
Refirió que en la audiencia también se argumentó el requerimiento para que las víctimas estén acompañadas de psicólogos especialistas en delitos de tipo sexual del Ministerio de la Mujer, así como que cuenten con un intérprete de quechua.
Mencionó que al momento de registrarse los hechos todas las mujeres eran quechuahablantes y hoy, aunque algunas hablan español, la mayoría prefiere brindar sus declaraciones en su lengua materna porque se sienten más cómodas.
El abogado del Instituto de Defensa Legal destacó que
el caso Manta y Vilca tiene la máxima importancia porque ventilará judicialmente una práctica sistemática de violación sexual contra mujeres campesinas y quechuahablantes en zona bajo control militar.
“En este contexto de lucha contra actos de violencia contra las mujeres, un juicio de esa naturaleza es de máxima importancia porque se va a juzgar y sancionar a quienes tenían todo el poder que las armas le conferían y asaltaron gravemente a jóvenes, casi niñas, de dos poblados de Huancavelica”, expresó.
El Poder Judicial suspendió hasta
el 27 de marzo el juicio iniciado hoy contra 13 militares (en principio era 14 pero uno de ellos falleció) acusados de la violación sexual de nueve mujeres en las localidades Manta y Vilca.
El Ministerio Público ha solicitado penas que van desde los 8 hasta los 20 años de prisión para los acusados.
(FIN) RMCH/CVC
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Publicado: 13/3/2019