A cuatro meses del vencimiento de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el Gobierno prepara una nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), mientras se evalúa una eventual continuidad para los mineros que registren avances concretos en sus procesos de formalización.
Para el abogado especializado en derecho penal ambiental y minero y vocero técnico del Consejo Nacional de Minería (Conademi), André Sota Sánchez, el proceso debe establecer una ruta clara para quienes buscan incorporarse a la legalidad y, al mismo tiempo, fortalecer los controles para evitar que la informalidad se prolongue.
“Cerrar el Reinfo sin tener una alternativa clara puede dejar en el aire a miles de mineros que sí están intentando formalizarse. Pero mantenerlo indefinidamente tampoco resuelve el problema. El Estado tiene que definir una ruta de salida que permita distinguir a quienes realmente buscan ingresar a la legalidad de quienes no han avanzado en el proceso”, sostuvo.
Según información del Ministerio de Energía y Minas (Minem) recogida por el Banco Central de Reserva (BCR), al 20 de abril de 2026 había 31,610 inscritos en el Reinfo, mientras que entre 2014 y 2025 solo 2,295 mineros culminaron su proceso de formalización.
En ese contexto, la próxima Ley MAPE deberá definir también las condiciones de transición para quienes actualmente integran el Reinfo, así como los criterios que determinarán quiénes podrán continuar con el proceso. “La nueva regulación debe estar acompañada de reglas claras para quienes están en proceso, pero también de controles efectivos y una fecha real de cierre”, señaló Sota.
Minería ilegal
El debate sobre el futuro del Reinfo también está vinculado con la lucha contra la minería ilegal, debido a su relación con distintas economías ilícitas y, en determinados casos, con estructuras asociadas al crimen organizado.
Sota consideró que la política de formalización debe permitir al Estado diferenciar entre quienes avanzan hacia la legalidad y quienes operan al margen de ella. En esa línea, sostuvo que ambos objetivos —formalización y lucha contra la minería ilegal— pueden desarrollarse de manera complementaria mediante mecanismos de trazabilidad, fiscalización y control.
El reto para los próximos meses será establecer una ruta que permita a los mineros que cumplen con las condiciones avanzar hacia la formalización y, a la vez, cerrar espacios a la minería ilegal y otras actividades ilícitas.
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(FIN) NDP/GDS
Publicado: 12/9/2026