Andina

Prorrogan prisión preventiva para procesados por caso La centralita

Por doce meses

El tribunal que emitió esta decisión lo preside la jueza superior Susana Castañeda Otsu y lo integran los magistrados Ramiro Salinas Siccha y Juan Guillermo Piscoya.

El tribunal que emitió esta decisión lo preside la jueza superior Susana Castañeda Otsu y lo integran los magistrados Ramiro Salinas Siccha y Juan Guillermo Piscoya.

14:00 | Lima, jun. 16.

El colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios confirmó la prolongación por un plazo de doce meses de la prisión preventiva del exalcalde del Santa Luis Arroyo Rojas y de José Luis Carmen Ramos, implicados en el denominado caso La centralita.

En primera instancia esta medida fue dispuesta por la jueza del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado, María de los Ángeles Álvarez Camacho.

En el caso del exalcalde del Santa Luis Arroyo Rojas la sala desestimó la pretensión de su defensa para no aplicar el Decreto Legislativo 1307 (que consagra la figura de adecuación y prolongación de la prisión preventiva).

A juicio del tribunal, la aplicación de la referida norma no significa una ampliación automática de los plazos, sino que crea una institución procesal sui géneris, “que no consiste en extender los plazos de manera automática en perjuicio del imputado, sino en adecuarlos”.

En relación con José Luis Carmen Ramos, el colegiado consideró la complejidad del caso, en el que se investiga a un gran número de personas; la gravedad de los delitos indagados, y los actos de investigación pendientes de realizar por parte del Ministerio Público.

El colegiado tuvo en cuenta, además, que está vinculado a una organización criminal, que habría encabezado el ex gobernador regional de Áncash César Álvarez y en la cual al parecer desempeñó determinados roles.

José Luis Carmen Ramos es procesado por la comisión presunta de los delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado doloso y lavado de activos. La medida ratificada vencerá el 31 de marzo del 2018.

El tribunal que emitió esta disposición lo preside la jueza superior Susana Castañeda Otsu y lo integran los magistrados Ramiro Salinas Siccha y Juan Guillermo Piscoya.


(FIN) NDP/RFA/MAO
GRM

Publicado: 16/6/2017