La Procuraduría General del Estado, a través de la Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), logró un resultado favorable para el Estado en un proceso arbitral iniciado contra el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), al evitar que se devuelva S/ 961,400 al contratista que entabló la demanda.
El Tribunal Arbitral del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú emitió un laudo definitivo que declaró infundadas todas las pretensiones planteadas por la empresa Tecnología de Fluidos S. A. C.
El proceso se originó a partir del Contrato 080-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSU, cuyo objeto era la adquisición de motobombas destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante las emergencias por inundaciones por intensas precipitaciones y probable ocurrencia del fenómeno de El Niño.
La empresa contratista pretendía dejar sin efecto una penalidad por mora aplicada por el PNSU y obtener la devolución de S/961,400, además del pago de intereses legales, así como una declaración de cumplimiento íntegro de sus obligaciones contractuales y el pago de las costas y costos del arbitraje.
Luego de analizar el marco jurídico aplicable, las obligaciones asumidas en el contrato y las pruebas presentadas por ambas partes, el tribunal arbitral determinó que no se acreditó el cumplimiento íntegro y oportuno de las obligaciones contractuales por parte de la empresa, ni la existencia de una causa que justificara el retraso en la entrega de los bienes.
En consecuencia, el arbitraje confirmó que la penalidad por mora aplicada por el PNSU se encontraba conforme con la normativa de contrataciones del Estado y con las condiciones establecidas en el contrato.
La Procuraduría Pública del MVCS sostuvo la posición del Estado frente a las pretensiones de la empresa contratista, contribuyendo así a preservar los recursos públicos y la correcta aplicación de las reglas de contratación pública.
En tanto, la Procuraduría General del Estado sostuvo que este resultado reafirma la importancia de su labor y la de las procuradurías públicas, encargadas de ejercer la defensa jurídica de los intereses del Estado en los procesos judiciales, arbitrales y demás mecanismos de solución de controversias.
(FIN) NDP/MCA/CCR
Más en Andina:
Publicado: 12/10/2026