La defensa legal del expresidente Alan García Pérez ha presentado una denuncia por la presunta afectación a su derecho a la defensa y violación al principio de igualdad de armas, en la investigación fiscal de la que es objeto por el caso Odebrecht.
Según informó el diario
El Comercio, la denuncia fue interpuesta por el abogado
Erasmo Reyna, defensor del exgobernante, el último martes.
De acuerdo al recurso de Reyna, el fiscal José Domingo Pérez, encargado de la investigación, no le envió copia de la traducción de los cinco correos electrónicos relacionados con la conferencia que el líder aprista brindó en Brasil el año 2012 y que, según IDL Reporteros, fue pagada con dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht.
“Los documentos de los que la defensa ha solicito [sic], la traducción oficial [de los correos], han sido utilizados como elementos de convicción para sustentar el requerimiento de impedimento de salida; sin embargo, hasta la fecha no se nos ha hecho entrega [de] la traducción oficial solicitada, pese a nuestra insistencia […], lo cual evidentemente perjudica la defensa técnica de don Alan García”, señala Reyna en la denuncia dada a conocer por el mencionado diario.
José Domingo Pérez, por su parte, respondió el recurso de García afirmando que los documentos solicitados están incorporados en el expediente del caso, por lo cual pueden ser consultados por la defensa.
En ese sentido, negó que se haya afectado el derecho a la defensa de García Pérez y que ello implique la nulidad de las declaraciones que los exfuncionarios de Odebrecht brindarán sobre los pagos a García.
Especialistas consultados afirmaron que se trata de una estrategia para entorpecer la investigación y solicitar posteriormente la nulidad de las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht sobre la investigación a García Pérez.
Cabe recordar que esta estrategia ya fue utilizada por la defensa de Alan García. Un recurso de amparo r consiguió que el Poder Judicial declarase que el derecho a la defensa del exgobernante no fue respetado por la "megacomisión" del Congreso que investigó los presuntos actos de corrupción cometidos durante su segundo gobierno.
Con ello, García logró que los informes elaborados por dicha comisión investigadora tengan valor jurídico.
(FIN) CCR
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Publicado: 14/2/2019