En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la Defensoría del Pueblo recordó que la discriminación se considera un delito autónomo sancionado hasta con cuatro años de cárcel efectiva cuando es cometida por un funcionario, de acuerdo con el Código Penal.
El adjunto para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría, Percy Castillo Torres, explicó que también están vigentes ordenanzas contra la discriminación emitidas por gobiernos locales, cuyo procedimiento sancionador es más breve que un proceso judicial o un procedimiento de protección al consumidor.
“Estos dispositivos suelen ser una herramienta legal que se encuentra más al alcance del ciudadano. Aun así, la Municipalidad Metropolitana de Lima y más de una veintena de gobiernos locales de la ciudad todavía no cuentan con dicha legislación”, refirió Castillo.
La Defensoría del Pueblo exhorta a la población a rechazar y denunciar cualquier forma de discriminación, así como a desterrar prejuicios y estereotipos que excluyen a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad como la población indígena y la afroperuana.
Refirió, además, que el Estado peruano no cuenta con una ley integral contra la discriminación, que permita un eficaz abordaje de esta problemática y la implementación de políticas públicas orientadas a su prevención, sanción y erradicación.
“En las últimas semanas hemos sido testigos de agresiones verbales de connotación racista y homofóbica proferidas entre ciudadanos e incluso contra autoridades. Este tipo de expresiones constituyen un delito contra el honor –injuria o difamación–, cuya pena puede ser agravada debido a su motivación discriminatoria”, comentó.
En junio próximo, en el mes de la cultura afroperuana, la Defensoría del Pueblo presentará un informe que analizará el estado de Implementación del Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana (Plandepa) 2016-2020, a casi tres años de su aprobación.
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(FIN) NDP/RRC