El Poder Judicial (PJ) dictó 30 meses de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y lavado de activos en perjuicio del Estado en el caso Fondo Mivivienda.
El juez Raúl Justiniano, a cargo de la audiencia contra ambos, señaló que hay graves elementos que vinculan a los investigados con hechos delictivos, además de peligro de fuga y obstaculización de la investigación.
Justiniano precisó que si es que se les impone una pena efectiva, esta superaría los cuatro años.
¿Por qué cumplen prisión preventiva?
El
Ministerio Público sostiene que la empresaria
Sada Goray, ex gerenta general de la inmobiliaria
Marka Group, pagó más de S/ 5 millones a
Salatiel Marrufo, ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y al titular de dicho sector
Geiner Alvarado.
La finalidad de la entrega ilegal del dinero de Goray a Marrufo fue el copamiento del fondo Mivivienda y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para beneficiar a los negocios inmobiliarios de Sada Goray.
Asimismo, la Fiscalía señala que la empresaria encargó a Pilar Tijero, prima de Mauricio Fernandini, acercarse al Poder Ejecutivo durante el mandato de Castillo.
Según la tesis fiscal, el periodista Mauricio Fernandini inició el acto delictivo, al tomar contacto con el exministro Alvarado y Marrufo. De acuerdo a la fiscalía, Fernandini obtuvo dinero a cambio de sus gestiones. “Esto reviste gravedad a efecto de dictar prisión preventiva en su contra”, sostuvo el juez.
Además, el periodista operó como intermediario de los sobornos para favorecer a Sada Goray con los contratos.
Adicionalmente, Fernandini se reunió con Salatiel Marrufo, tras lo cual prosiguió la repartición ilegal de proyectos en favor de Marka Group.
El juez también señaló que el periodista usó su departamento como punto de encuentro para entregar al exjefe del gabinete de asesores el dinero enviado por Goray.
El magistrado puso a los investigados a disposición del Inpe para que sean internados en los establecimientos penitenciarios que corresponda, a fin de cumplir con la prisión preventiva.
Tanto las defensas legales de los investigados como el Ministerio Público anunciaron su intención de apelar la resolución, que fue emitida tras una serie de audiencias que inició el pasado 18 de julio y culminó el 31 de ese mes.
Los investigados permanecen en la carceleta del Poder Judicial, a fin de que el Inpe defina en qué penales serán internados.