El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, señaló que se puso a disposición de los familiares de los 13 mineros asesinados en Pataz un equipo multidisciplinario de la Defensa Pública para que puedan alcanzar justicia.
El equipo consta de la defensa de víctimas, peritos criminalísticos y defensa legal . "Dos familias han aceptado el apoyo, para que los ayuden en los trámites. Se les da la información y guía correspondiente", refirió.
Arana, quien participó en la conferencia de prensa, en Palacio de Gobierno, donde se anunciaron acciones ante estos lamentables hechos, expresó su condolencias a los familiares de las víctimas.
Sobre el toque de queda decretado en la provincia de Pataz, como anunció la presidenta Dina Boluarte, dijo que se trata de una medida de excepción que se adopta cuando la paz y el orden interno se ven afectados.
"Lo que estamos viendo es el estado de emergencia, eso se ha dispuesto permanentemente por este gobierno. Hoy se ha dispuesto que el comando político militar corresponde a las Fuerzas Armadas", refirió.
Aclaró que en este caso no corresponde declarar estado de sitio, aplicable en situaciones de guerra exterior.
Terrorismo urbano
El ministro Arana, asimismo, exhortó a la Comisión de Justicia del Congreso a poner el debate la aprobación de la propuesta de terrorismo urbano planteado por el Ejecutivo y se sumó al pedido de delegación de facultades en materia de lucha contra la criminalidad que presentarán al Parlamento..
Dijo además que el diciembre del 2023, al amparo de las facultades legislativas del Ejecutivo, se aprobó el Decreto Legislativo 1607, que hizo cambios en Ley de Crimen Organizado respecto a los mineros ilegales que hacían uso de material explosivo para la extracción de minera.
"La norma que era de vital importancia para controlar la minería ilegal, fue derogada por el Congreso el marzo de 2024. Se regulaba el uso indebido de elemento que usan la minería ilegal", sostuvo.
(FIN) FHG/CVC
JRA
Más en Andina:
Publicado: 5/5/2025