La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el congresista Américo Gonza Castillo, quien cuestionó la medida de allanamiento, descerraje e incautación de bienes realizado en su oficina del Congreso y su domicilio.
En su pedido, el parlamentario señala que la resolución que ordenó la diligencia "es incongruente" al no analizar una solicitud de tutela de derechos en la que pretendía la exclusión de las dos actas de allanamiento. Asimismo indicó que "hubo mala fe por parte de la Fiscalía" durante al allanamiento y que no contó con defensa legal ya que su abogada "llegó casi al terminar dicha diligencia".
Al respecto, los magistrados de dicha sala precisaron que la solicitud de tutela referida "debe desestimarse porque revisada la Resolución n.° 02 que deniega la tutela (foja 134), se aprecia que sí da respuesta a lo alegado por el recurrente". Agregan, además, que "el allanamiento se verificó con autorización del personal del congresista intervenido sin que acontezca reclamo u observación a la diligencia".
"Respecto a la alegación de mala fe atribuida a la Fiscalía, es un argumento carente de prueba; es el propio recurrente quien participa en la diligencia de allanamiento verificada en su domicilio, brindando facilidades para su realización y sin efectuar ninguna observación u ofrecer prueba que cuando menos persuada del obrar de la Fiscalía, que atribuye de maledicente", indica el documento.
Como se recuerda, el parlamentario Gonza Castillo es investigado por los delitos de tráfico de influencias y organización criminal en el proceso iniciado en el Ministerio público por el caso conocido como Los Niños.