El Poder Judicial, a través de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, expresó su rechazo a la decisión de un hospital en Loreto de negar el aborto terapéutico para una niña de 11 años de edad víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, en Iquitos, informó este poder del Estado.
Recordó que, el pasado 3 de agosto, una junta médica del Hospital Regional de Loreto determinó que la menor con el seudónimo de “Mila”, quien lleva 18 semanas de gestación, continúe con el embarazo bajo el argumento de que los casos de violación no están incluidos dentro del protocolo del aborto terapéutico.
La jueza suprema que preside dicha comisión judicial, Janet Tello Gilard, dijo que el riesgo de muerte de una menor de quince años por causas relacionadas al embarazo, tal como lo ha señalado el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se triplica con relación a quienes superan los veinte años.
“En ese sentido, el riesgo contra la vida de una niña de once años por complicaciones con el embarazo, cuyo cuerpo aún no está preparado para el alumbramiento, es incluso mucho más alto”, acotó la magistrada.
Señaló, también, que la maternidad forzada derivada de una violación sexual es insegura, atenta contra la salud integral de la menor y constituye una forma de tortura.
Tomar en cuenta “caso Camila”
La magistrada invocó a las autoridades tomar en cuenta lo determinado en junio pasado por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN) respecto al caso conocido como ‘Camila’, también por la negación al aborto terapéutico debido a un embarazo de abuso sexual.
El CDN determinó que el Perú había violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena y rural de 13 años, víctima de violación, al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.
Asimismo, el comité estableció que el Estado Peruano tiene la obligación de tomar medidas para evitar casos similares en el futuro, incluida la revisión de su legislación nacional para garantizar la prevención de la violencia sexual.
“Las instituciones estatales deben garantizarle a Mila, y a todas las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, el acceso a los servicios de salud y educación, así como el derecho al aborto terapéutico con procedimientos médicos seguros, dentro de las 22 semanas de gestación, tal como establece el protocolo”, señaló.
Finalmente, Tello Gilardi tomó a bien que los ministerios de Salud y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hayan trasladado a Lima a la menor afectada, para evaluar su salud y analizar la restitución de sus derechos.
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Publicado: 10/8/2023