El desarrollo de proyectos mineros formales en la región Piura tiene un gran potencial para dinamizar la generación de empleo y convertirse en el motor de desarrollo de este departamento, afirmó Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE).
El desarrollo de proyectos mineros formales en la región Piura tiene un gran potencial para dinamizar la generación de empleo y convertirse en el motor de desarrollo de este departamento, afirmó Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE).
“En el IPE estimamos que por cada empleo directo que se genera en la
minería formal, se crean ocho adicionales en sectores vinculados”, explicó. Es decir, cada puesto en el sector puede traducirse en nueve empleos en total gracias a su efecto multiplicador en servicios, transporte y construcción.
La investigadora afirmó, además, que la
minería formal paga impuestos, regalías y transfiere recursos por canon a los gobiernos regionales y locales, fondos que pueden destinarse a infraestructura, salud y educación.
Sostuvo que experiencias en regiones como Arequipa, Moquegua y Tacna muestran que el aprovechamiento del potencial minero formal contribuye a reducir brechas sociales y dinamizar la economía.
Herrera advirtió que si los proyectos formales no avanzan, la minería ilegal continuará ganando terreno, con mayores niveles de criminalidad y contaminación. Por ello, instó a las autoridades a impulsar una estrategia integral que permita fortalecer la minería formal como alternativa de desarrollo sostenible para Piura.
En ese sentido, alertó sobre el impacto creciente de esta actividad ilícita y destacó los beneficios económicos y sociales que podría traer el impulso de la minería formal en la región.
Minería ilegal crece y se vincula a más delitos
Según el IPE, en 2025 el oro ilegal exportado desde el país alcanzó un valor aproximado de 11 500 millones de dólares, lo que demuestra que ya no se trata de una actividad de pequeña escala. En Piura, la problemática se concentra en zonas de frontera como Ayabaca y Sullana, donde la actividad se ha expandido progresivamente.
En el mismo año mencionado, la región registró 62 denuncias vinculadas a minería ilegal, un incremento cercano al 32 % respecto al año anterior. Además, la tasa de denuncias por extorsión en Piura es casi 80 % mayor que el promedio nacional, lo que refleja el impacto de estas redes en la seguridad ciudadana. La economista explicó que esta actividad suele estar asociada a tráfico de insumos, trata de personas y otras formas de criminalidad organizada.
Impacto ambiental y debilidad institucional
Herrera señaló que la expansión de la minería ilegal responde, entre otros factores, a la inestabilidad política y a la falta de continuidad en las políticas públicas. Aunque existen mecanismos de formalización como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), su implementación ha enfrentado limitaciones técnicas y de liderazgo.
En el plano ambiental, la minería ilegal genera deforestación y contaminación, especialmente en zonas amazónicas. A diferencia de la minería formal, esta actividad no cumple con estándares ambientales ni asume responsabilidades por los pasivos que deja, lo que agrava el daño a comunidades y ecosistemas.
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(FIN) MMC/MAO
Publicado: 2/3/2026