El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio Público descartaron la versión difundida en redes sociales sobre un presunto envenenamiento de tres internos recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Varones de Piura, quienes se encuentran investigados por su presunta vinculación con el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle.
A través de un comunicado oficial, el INPE rechazó de categórica la información que señalaba que los internos habrían sido víctimas de un supuesto atentado contra su integridad física dentro del centro penitenciario.
La institución precisó que
Deyvis Gallo Lozada, Derion Gallo Lozada y Jhon Ponce Torres se encuentran en buen estado de salud y no presentan evidencias de haber sufrido algún acto que comprometa su vida o integridad. Asimismo, informó que los tres implicados en el
asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre permanecen aislados en un ambiente de seguridad como parte de las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias.
Ante la difusión de la versión en redes sociales, la
Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad se trasladó al penal de Piura para verificar la situación de los internos.
La diligencia fue encabezada por el fiscal provincial Roberto Velasco Pascasio y el fiscal adjunto provincial Jorge Luis Huamanchumo Vásquez, quienes solicitaron la intervención del médico del establecimiento penitenciario para realizar una evaluación presencial de los tres reclusos.
Tras los exámenes correspondientes, el Ministerio Público confirmó que ninguno de los internos presentaba síntomas de envenenamiento ni lesiones físicas visibles. Los resultados fueron consignados en un acta fiscal levantada durante la inspección.
La Fiscalía informó además que uno de los internos logró comunicarse con su esposa para informarle sobre su estado de salud, mientras que los otros dos hicieron lo propio con sus familiares al término de la diligencia.
El INPE exhortó a los medios de comunicación y a la ciudadanía a contrastar la información con fuentes oficiales antes de difundir versiones no verificadas, al señalar que este tipo de publicaciones genera preocupación entre los familiares de la población penitenciaria y afecta el normal desarrollo de las actividades institucionales.
Por último, la entidad reafirmó que continuará aplicando las medidas de seguridad establecidas para garantizar el orden, la disciplina y la protección de las personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios del país.