Riesgos identificados
Los riesgos identificados por la Contraloría son que el avance físico de obra se encuentra por debajo del avance programado, generando el riesgo que no se termine de ejecutar los trabajos dentro del plazo contractual.
En razón a ello, la entidad puede incurrir en mayores gastos administrativos. Incluso, el atraso más crítico se presenta en la instalación de micropilotes (estructuras para cimentaciones) para dos reservorios elevados, advirtió la Contraloría.
La Contraloría también observó que el contratista no está implementando adecuadamente las medidas de seguridad en los trabajos de excavación de zanjas para redes de alcantarillado y construcción de buzones, generando el riesgo de afectar la integridad física de trabajadores y transeúntes.
Según el informe de acción simultánea, se determinó que el contratista viene realizando un inadecuado almacenamiento de varillas de acero corrugado, generando el riesgo de afectar las propiedades del mismo y el tiempo de vida útil de las diversas estructuras.
También se evidenció que la aprobación de sustitución de profesionales, sin sustentar debidamente la causa de tal medida, pone en riesgo la aplicación de las condiciones contractuales por cambio de personal, así como la correcta ejecución de los trabajos, la calidad y vida útil de los mismos.
“Se observó la aprobación de cambio de supervisor que no reúne igual experiencia ni calificaciones que el profesional a reemplazar, poniendo en riesgo el cumplimiento contractual, adecuado control de supervisión de los trabajos que se vienen ejecutando, así como la calidad y la vida útil de la obra”, indica el documento.
Del mismo modo, se determinó que la ausencia de profesional requerido para la ejecución y supervisión de la obra afectaría la calidad y que la orientación técnica no sea la óptima.
Igualmente, se evidenció que la entidad no viene cumpliendo con las disposiciones emitidas por la directiva de INFObras de la Contraloría General de la República, poniendo en riesgo la legalidad y transparencia de la ejecución de obras públicas.
De la información revisada por los auditores, se observa que los trabajos se iniciaron el 16 de mayo de 2017 con un plazo de ejecución contractual de 540 días calendario. Sin embargo, se otorgaron dos ampliaciones de plazo que suman 138 días más, por lo que la obra debe concluir el 7 de febrero de 2019.
La Contraloría General de la República reafirmó su labor de control a fin de promover un desarrollo de labor eficaz y eficiente en las contrataciones de bienes, servicios y obras en beneficio de la ciudadanía.
(FIN) NDP/LZD