El congresista Aldo Bardález pidió hoy al Parlamento el urgente debate y aprobación del proyecto de ley que establece penas más severas -15 años como máximo- para los individuos que cometan delitos contra el patrimonio cultural.
Tras indicar que se han incrementado notablemente estos delitos en todo el Perú, el legislador dijo que, según el Ministerio Público, desde el año 2,000 hasta el 2013 se ha registrado un total de 5,226 delitos contra el patrimonio cultural.
“Hace poco robaron la corona y joyas del Señor Cautivo de Ayabaca valorizado en 20 mil soles. Asimismo, el alcalde distrital de Paracas, otorgó ilegalmente una licencia de construcción para levantar viviendas dentro de la Reserva Nacional de Paracas, que además de ser considerada reserva natural, es patrimonio cultural no solo del Perú, sino de la humanidad. Del mismo modo, se han efectuado constantes pintas a monumentos y muros incas en el Cusco”, aseveró.
En ese sentido, Bardález consideró urgente y necesario replantear el Código Penal para imponer sanciones más ‘drásticas y firmes’, ya que actualmente la legislación contempla penas de cárcel que, en algunos supuestos, no superan los ocho años, lo cual conlleva que en muchos casos los condenados por estos delitos no se les aplique prisión efectiva.
Por ello, pidió que este proyecto de ley -que ingresó hace más de un año a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y a la de Cultura y Patrimonio Cultural- se debata de una vez y se dictamine favorablemente para ser discutido y aprobado con celeridad por el Pleno del Congreso de la República.
El Ministerio de Cultura y el Ministerio Público han expresado su conformidad sobre este proyecto de ley, aseguró.
La iniciativa legal propone, entre otros, modificar el art. 228° del Código Penal, incorpora como agravante que los agentes que cometan el delito pertenezcan a una organización criminal, y cuando en el contexto de marchas o manifestaciones públicas se dañen y destruyan bienes considerados Patrimonio Cultural de la Nación.
Del mismo modo, aquellos funcionarios y servidores públicos que promuevan, intervengan o favorezcan delitos que atenten contra los bienes culturales de la Nación serán inhabilitados de sus cargos hasta por un período de 5 años, con pena efectiva no menor de 10 ni mayor de 15 años.
También establece el que daña, destruye, inutiliza, altera, sustrae, oculta o comercializa documentos que forman parte del patrimonio documental o archivo de la Nación, o por antigüedad o valor histórico o cultural que se encuentre en la Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación, Iglesias u otras bibliotecas y Museos públicos y privados, serán reprimidos con cárcel no menor de 8 ni mayor de 12 años.
(FIN) NDP/RES
Publicado: 9/4/2014