Diversas organizaciones solicitaron la adopción de medidas para proteger a los defensores del ambiente, en especial a los líderes indígenas que defienden los bosques, debido a que desde el inicio de la emergencia por la pandemia de covid-19 han aumentado los atentados y amenazas.
Al respecto, Carlos Quispe, especialista del Programa Derechos y Justicia Ambiental de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), afirmó que desde la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, en marzo del año pasado, han ocurrido nueve asesinatos de defensores ambientales.
Agregó que a ello se suman las amenazas, hostigamientos y agresiones que sufren distintos líderes indígenas, así como quienes integran sus comunidades.
En febrero pasado se produjo el
asesinato de Herasmo García Grau (28), defensor ambiental y líder indígena de la comunidad Sinchi Roca, en la región Ucayali. El crimen fue condenado por el Ministerio del Ambiente que demandó una profunda investigación para determinar las causas y responsables de su muerte a fin de que no queden impunes las acciones criminales en contra de las personas que dedican su vida a proteger los ecosistemas amazónicos.
“Pensar en acciones para una protección efectiva de los defensores del ambiente, nos debe llevar a actuar en la problemática territorial que afecta a los pueblos indígenas”, aseveró.
Por su parte, Berlín Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali-ORAU afirmó que “el Estado debe establecer un mecanismo de protección que sea efectivo. Es urgente elaborar la normativa para establecer un mecanismo intersectorial de protección de personas defensoras de derechos humanos, la cual viene siendo desarrollada bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
DAR afirmó que existe un protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y el registro sobre situaciones de riesgo que permiten proporcionar recursos de resguardo ante denuncias de violaciones de sus derechos humanos. Sin embargo, se requiere fortalecer la articulación con otros sectores para su efectiva aplicación.
Sostuvo que el protocolo prevé que puedan otorgarse acciones de protección o acciones de urgente protección dirigidas a la mitigación del riesgo contra la persona defensora. Para ello se requiere presentar una solicitud dirigida al Ministerio de Justicia.
A fin de facilitar su uso en las organizaciones indígenas, DAR informó que ha elaborado un modelo de solicitud para encontrar una pronta respuesta a este grave problema.
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(FIN) NDP/MAO
Publicado: 22/4/2021