14:30 | Lima, dic. 29 (ANDINA).
Las personas que ejercen la legítima defensa utilizando un arma para repeler la amenaza contra su integridad o la de terceros y causan la muerte del agresor, deben ponerse de inmediato a disposición de las autoridades y colaborar en el esclarecimiento del caso.
El abogado penalista Luis Lamas Puccio sostuvo que el artículo 20 del Código Penal, correspondiente al capítulo referido a las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal, establece claramente los alcances del derecho a la legítima defensa a la que puede acceder cualquier ciudadano.
Señaló que al ponerse a disposición de la Policía y el Ministerio Público, la persona implicada en el hecho debe colaborar sin demora con la investigación entregando el arma, sometiéndose a exámenes toxicológico, de absorción atómica, entre otros, para determinar si actuó realmente en defensa propia.
“Toda persona que obtiene una licencia para portar arma de fuego asume una responsabilidad y está en la obligación de allanarse a las investigaciones para saber si la usó efectivamente para evitar una agresión que amenazaba su integridad o de alguien cercano en una misma circunstancia”, manifestó.
En diálogo con la Agencia Andina, el abogado penalista ratificó que tanto la Fiscalía como la Policía Nacional son las instancias especializadas para determinar según el análisis de cada caso particular, si corresponde calificar como legítima defensa a la represión de un supuesto asalto o ataque con consecuencias mortales para los agresores.
El empresario Miguel Llanos Carrillo (39), quien el martes último causó la muerte de dos delincuentes con su arma de fuego, afirmó que la única opción que tenía era dispararles porque intentaban asaltar a su novia para robarle su vehículo en Miraflores.
Afirmó que este hecho se realizó en legítima defensa, por lo que ahora recibe amenazas de los integrantes de la banda que advierten que lo matarán.
Al respecto, Lamas Puccio consideró que si una persona es consciente que actuó ejerciendo la legítima defensa no tendría por qué temer alguna represalia, y además las autoridades están llamadas a brindarle las garantías que el investigado requiere.
“Ante el temor de alguna represalia, la persona investigada puede solicitar las garantías para proteger su integridad y la de su familia, pero también debe colaborar con las autoridades”, apuntó.
(FIN) LZD/RRC
Publicado: 29/12/2011