La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por los sandinistas, canceló este martes la personalidad jurídica a la Academia Nicaragüense de la Lengua, lo que fue ordenado por el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
La disolución de la Academia Nicaragüense de la Lengua, creada el 8 de agosto de 1928, fue aprobada con carácter urgente por los 75 diputados sandinistas y sus aliados. Los otros 16 legisladores, de los 91 que integran el Parlamento, se abstuvieron.
Entre los académicos nicaragüenses miembros de la Academia se encuentran el exvicepresidente y escritor Sergio Ramírez, exiliado en España desde el pasado año, y la poetisa y escritora Gioconda Belli, también exiliada.
También Carlos Tünnermann, que fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos y ministro de Educación durante el primer régimen sandinista (1979-1990).
Otros miembros son los intelectuales Jorge Eduardo Arellano, Róger Matus Lazo, Carlos Alemán Ocampo, Rosario Fiallos Oyanguren, Julio Valle-Castillo, Alejandro Serrano Caldera, Isolda Rodríguez, Gloria Elena Espinoza, Erick Aguirre, María Auxiliadora Rosales, Luis Urtecho Rocha, Nydia Palacios, Hilda Baltodano, Felipe Rodríguez, Guillermo Rothschuh Tablada, Francisco de Asís Fernández y Pedro Xavier Solís, que la dirige.
Academias condenan cierre
Solís dijo a Efe que la Academia, cuyas oficinas están ubicadas dentro de la sede del Centro Cultural de España en Nicaragua, en Managua, emitirá un comunicado posteriormente.
La Academia de Nicaragua informó el domingo pasado que estaba "trabajando en la revisión, enmiendas y aportes a la nueva gramática de la lengua española y al diccionario de la lengua española".
También destacó que a lo largo de sus casi 94 años "ha velado por la cultura, educación y desarrollo de la lengua común de los pueblos hispanos"El anunciado cierre de la Academia de Nicaragua ha sido condenado por la Real Academia de la Lengua Española (RAE), y las Academias de la Lengua de Chile, Ecuador y México.
El Ejecutivo del presidente Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de 83 ONG locales, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Fundación Enrique Bolaños, que cuenta con una de las bibliotecas virtuales más completas del país.
Según la cartera de Gobernación, esas ONG incumplieron con las leyes de la materia, entre ellas no inscribirse en el registro de "agentes extranjeros".
También ONG que creó biblioteca virtual
En el caso de la Fundación del fallecido expresidente Enrique Bolaños (2002-2007), también ilegalizada, es la creadora de la biblioteca virtual (www.enriquebolanos.org), cuyo objetivo "es recopilar, preservar y divulgar información política, cultural, jurídica e históricamente relevante para los nicaragüenses", según su página web.
Otras ONG anulada es la Asociación para Promoción y Desarrollo de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (Red CAPS), que llevan el vital líquido a lugares remotos sin acceso al agua potable.
También la Asociación de Mujeres Nora Astorga, que lleva el nombre de quien fuera vicecanciller y embajadora de Nicaragua ante la ONU durante el primer gobierno sandinista.
Con las nuevas 83 asociaciones disueltas se elevan a 319 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018.
El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, promotor de la iniciativa, ha dicho que las ONG que han sido ilegalizadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega durante las protestas que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.