El informe de la UNODC cuestiona si el peso de la ley está cayendo sobre personas que apenas tienen relación con estas redes mientras "los miembros de los grupos delictivos de la costa noroccidental de África que organizan el contrabando de migrantes a lo largo de esta ruta rara vez son objeto de actividades policiales".
Quienes suben a estas embarcaciones tienen que pagar entre 1.500 y 3.000 dólares, un negocio redondo, pues según la UNODC cada una de ellas genera a la organización que la fleta unos ingresos de unos 80.000 dólares.
El patrón de una patera, relata el estudio, rara vez pertenece a esa organización. Y, si tiene alguna conexión con ella, es con su escalón más bajo, por eso el informe se plantea si es acertado, o no, enfocarse en detener a quienes llevan el timón.
Según la UNODC, "la mayoría de los informantes clave de las fuerzas del orden y del sistema de justicia penal españoles (consultados para este informe) destacaron que las operaciones de lucha contra el tráfico de migrantes en Canarias no están dando en el blanco, ya que se centran en enjuiciar a los patrones".
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(FIN) EFE/CFS