Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Perú condenaron la validación de los resultados electorales en Venezuela y demandan una auditoría independiente para garantizar la voluntad popular.
Expresaron también su categórico rechazo a
la reciente sentencia del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que convalida los
resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El pronunciamiento de once países de América y el Caribe señalan que los resultados avalados por el TSJ carecen de sustento y credibilidad.
Los gobiernos firmantes ya habían manifestado su desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidiera el acceso de los representantes de la oposición al conteo oficial, no se publicaran las actas y se negara una auditoría imparcial e independiente de los resultados.
En ese sentido, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela indicó la falta de independencia e imparcialidad tanto del CNE como del TSJ, lo que refuerza las dudas sobre la transparencia del proceso electoral.
Los once países reiteraron que "solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que incluya la evaluación de todas las actas, puede garantizar el respeto a la voluntad popular y a la democracia en Venezuela".
Expresaron, también, su profunda preocupación por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra ciudadanos que, de manera pacífica, exigen el respeto al voto y el restablecimiento de la democracia en el país.
Por último, estos gobiernos, junto con la comunidad democrática internacional, insistieron en la necesidad de respetar la expresión soberana del pueblo venezolano, que se pronunció pacíficamente el pasado 28 de julio.
(FIN) OPG/CVC
GRM
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Publicado: 23/8/2024