Aumento del desempleo, disminución de salarios, deserción escolar, atropello de derechos laborales, colapso del sistema salud, aumento de la pobreza son algunas de las consecuencias que nos deja la pandemia por la covid-19 en la región.
Ante este complicado escenario, urge construir una América Latina con igualdad, sostenibilidad y transparencia mediante un diálogo social tripartido, fueron algunas de las conclusiones del foro regional Empresas y derechos humanos: Un escenario complejo para América Latina.
Martin Oelz, especialista en temas de igualdad y no discriminación de la OIT, resaltó la importancia del diálogo social tripartito -entre gobierno, empleadores y trabajadores- como un instrumento clave en la promoción y el logro del trabajo decente, el desarrollo inclusivo y la cohesión social, además de fomentar la buena gobernanza.
“El diálogo social permite a los agentes discutir las políticas públicas, legislación y otras decisiones políticas que afectan a los interlocutores sociales. La actual coyuntura demanda un nuevo diálogo social, en ese sentido, el Convenio 169 de la OIT puede ser el punto de partida para iniciar ese nuevo diálogo”, comentó Oelz.
Desafíos y modelo
Dante Pesce, representante de la ONU, recordó que Latinoamérica tiene el peor desempeño de gobierno corporativo a lo que suma la crisis de institucionalidad y gobernanza de los países.
“Hay una desconexión entre los criterios ambientales, sociales y gobierno corporativo o la función del directorio. Un problema común en la región es la crisis de institucionalidad y la continuidad de las políticas públicas”, comentó.
Los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo están para quedarse y en un futuro serán el todo, dice Harvard Business Review. Al respecto, Pesce detalló que la empresa en su interacción con la sociedad debe cumplir tres pilares enmarcados en los principios rectores de buenas prácticas: Estado, Empresa y Víctimas.
“El Estado debe proteger contra los abusos sobre los derechos humanos, mediante la implementación de políticas, legislación y regulación. Por su parte, las empresas deben respetar los derechos en toda la cadena de valor, actuando con diligencia y abordando los impactos negativos. Por último, si se diera el caso se tiene que asegurar a las víctimas acceso a la remediación y reparación en caso de abusos a los derechos humanos”, precisó Pesce.
Por su parte, Marcela Bravo, directora de Acción Empresas, expuso los alcances de un programa piloto de empresa y derechos humanos como una oportunidad para minimizar los riesgos que puedan afectar la viabilidad de proyectos y daños en el valor reputacional.
“El programa tiene como objetivo fortalecer el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas participantes a través de la generación de capacidades internas. A lo que se suma, el aprendizaje colaborativo para empresas del sector extractivo y de generación energética entendiendo que esta es la base para la contribución de empresas al desarrollo sostenible”, explicó Bravo.
En retroceso
Durante su participación en el foro internacional, Froukje Boele, representante de la Ocde, precisó el fuerte impacto de la pandemia en la región y, principalmente, en el Perú, lo que evidenció la fragilidad macroeconómica de los países de América Latina.
Con el objetivo de ayudar al Gobierno y a las empresas en este escenario de COVID-19, la Ocde recomienda adoptar una Conducta Empresarial Responsable (CER) basada en la protección a los trabajadores, facilitar el acceso a las empresas a nuevos capitales, proteger las vulnerabilidades de la cadena de suministros, entre otros.
“El gobierno puede convertir a las empresas en los aliados claves de la recuperación de la economía, se debe firmar un contrato social que proteja a los trabajadores y cree empleo y puestos de calidad”, concluyó Boele.
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(FIN) NDP/RGP
Publicado: 21/11/2020