La promulgación de la ley que promueve el enfoque de familia y su incorporación transversal en las políticas nacionales y sectoriales es un paso trascendental en la forma en que el Estado peruano deberá abordar los problemas sociales.
Así lo afirmó José Luis Bravo Russo, director del Centro Familias 360, al señalar que en Perú, son impresionantes las cifras sobre el aumento de la violencia intrafamiliar, la disminución de matrimonios, el incremento de hogares monoparentales y la informalidad en las uniones. A ello le sumamos que, la carente preocupación de muchos padres para velar por la salud mental de sus hijos, ha generado una alarmante soledad y desconfianza en estos últimos, añadió.
Sostuvo que de cuatro artículos, por primera vez en muchas décadas, dicha ley reconoce con claridad que la familia es el núcleo social primario y debe ser considerada como tal en el diseño e implementación de políticas públicas. Hoy el derecho de familia reconoce cuatro tipos de ella: familias nucleares, monoparentales, extendidas y ensambladas, anotó.
Según explicó, en un país como el nuestro, con profundas desigualdades y brechas estructurales, resulta insuficiente tratar a las personas como unidades aisladas.
“Los problemas de violencia, pobreza, salud mental o deserción escolar no surgen en el vacío: tienen raíces familiares y sociales. Esta ley propone algo fundamental pero olvidado: mirar la complejidad de las relaciones familiares para entender mejor nuestras problemáticas sociales”, agregó.
Dijo que el enfoque de familia, definido como una herramienta transversal, permite identificar no solo a los individuos, sino también las dinámicas que los rodean: vínculos, conflictos, roles, cuidados, ausencias.
“Al incluir este enfoque en todos los niveles de gobierno y en todos los planes, programas y proyectos del Estado, se da un paso hacia un modelo de intervención más integral y humano”, aseveró.
Para Bravo Russo, la ley no solo es ambiciosa en su propuesta, también lo es en su exigencia. El especialista sostiene que los titulares de las instituciones públicas son responsables de incorporar progresivamente este enfoque y que el desafío está en la gestión pública y en la voluntad política.
“Ojalá y, desde los gobiernos regionales y locales, se implementen estrategias y herramientas orientadas a fortalecer los vínculos y salud mental de los integrantes de las familias; y, desde el Ejecutivo se den los recursos y desarrollen políticas destinadas a reducir los altos índices de inseguridad ciudadana y desempleo; una alianza estratégica, indudablemente efectiva, que permitiría tener una familia peruana más sana y segura”, enfatizó.
Más en Andina
(FIN) NDP/RES
Publicado: 22/8/2025