La Municipalidad de Lima decidió anular el contrato con Lamsac, empresa concesionaria de la obra Línea Amarilla, por considerar que el cobro de los 11 peajes que han sido implementados en esa vía colisionan con los intereses de la ciudad y de sus habitantes, anunció hoy el alcalde Jorge Muñoz.
En conferencia de prensa, el burgomaestre dijo que se respetará el marco legal para solicitar dicha nulidad ante los tribunales internacionales, y estimó que este proceso demandará un máximo de dos años o menos, dependiendo de la celeridad con que se realice.
“En dos años o menos la ciudad recuperará el manejo total de Línea Amarilla y de sus 11 peajes. Calculamos que el costo de salir de este oneroso contrato será de alrededor de 1,520 millones de soles”, anotó.
Explicó que esto significa que, en un par de años, las utilidades por manejar los peajes quedarán para beneficio de la ciudad de Lima en forma de más obras.
Dijo que estos dos años de arbitraje no son mucho tiempo, teniendo en cuenta que la autopista Línea Amarilla lleva en Lima más de 9 años y dos gestiones municipales anteriores, sin beneficios razonables para los limeños.
Señaló que, teniendo en cuenta los indicios razonables de casos de corrupción alrededor del contrato con Lamsac, la Municipalidad de Lima ha dispuesto que su Procuraduría Ad hoc impulse, a través del Ministerio Público, las respectivas medidas cautelares.
Precisó que ha solicitado que el procurador ad hoc Jorge Ramírez sea testigo, por parte de la Municipalidad de Lima, ante los arbitrajes internacionales en proceso.
"Ciudadanos, pueden estar ustedes seguros que ahora en Lima se hacen las cosas diferentes, se hacen las cosas con honestidad. Debemos tener en cuenta que antes de cualquier interés comercial están ustedes, y que nuestra bandera es la honestidad que permita más obras. Creemos en una inversión privada justa y en beneficio de los ciudadanos", aseveró.
La Municipalidad de Lima recordó que el contrato suscrito con la concesionaria Línea Amarilla se firmó en el 2009 bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas (APP). Las obras viales contratadas con ellos, están casi terminadas. Al 99.24% para ser exactos. Eso significa que el debate es fundamentalmente económico, sin perjuicio de otros aspectos.
Rutas de Lima
En otro momento, Muñoz informó que la Municipalidad de Lima ha logrado avances significativos en las conversaciones con la concesionaria de Rutas de Lima sobre los siete peajes que administra en distintos puntos de la capital.
Este contrato fue firmado en el 2013 para construir, rehabilitar, operar y mantener 115 kilómetros de vías en 3 ejes viales.
Detalló que Rutas de Lima ha aceptado firmar una cláusula anticorrupción por la cual, a partir de la fecha, de comprobarse cualquier acto de corrupción, la concesión revertirá inmediatamente al Estado, al manejo del municipio capitalino, sin compensación alguna.
En segundo lugar, anunció que se han congelado las tarifas del peaje que maneja Rutas de Lima hasta la culminación de todas las obras viales que estén pendientes.
En tercer lugar, dijo que existe un compromiso de este concesionario de entregar la ingeniería y estudios de vías alternativas libres de peajes en Puente Piedra, en un plazo no mayor de 12 meses.
Informó, además, que la empresa deberá entregar, en 90 días, el rediseño de la tercera etapa de la carretera Ramiro Prialé, de modo que no afecte la integridad de la hidroeléctrica de Huampaní, que es considerado un activo crítico nacional, ni tampoco que se afecte al Colegio Mayor que alberga a los alumnos más destacados de nuestro país.
“También deberá cumplir con el levantamiento de la suspensión de la obra Cantacallao que estuvo paralizada por más de cuatro años, así como culminará el intercambio vial El Derby, que tiene un avance de casi el 100%”, anotó.
Añadió que Rutas de Lima entregará todas las obras conforme se vayan avanzando para ponerlas inmediatamente al servicio de los ciudadanos limeños, y que esta empresa asumirá los costos y riesgos de estos compromisos para equilibrar los contratos en favor de la ciudadanía.
Precisó que estas propuestas se plasmarán en una adenda transparente y honesta que deberá contar con la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría.
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