Las mujeres solo ocupan el 25.32% de los cargos de poder formal en el Perú, lo cual demuestra que este sector de la población está subrepresentado, advirtieron hoy la organización Manuela Ramos.
Al recordarse hoy el Día de los
Derechos Cívicos de las Mujeres, Manuela Ramos informó que desde el 7 de setiembre de 1955, en que se reconoció a las mujeres el derecho a elegir y ser elegidas, han cambiado algunas cosas para las mujeres, pero aún queda una agenda pendiente.
Por ejemplo, actualmente son 3,200 las mujeres que ejercen cargos de elección de un total de 12,636 autoridades.
Estas 3,200 mujeres ejercen cargos por elección popular, como regidoras distritales, provinciales, consejeras regionales y congresistas. Sin embargo, son muy pocas las alcaldesas, gobernadoras y vicegobernadoras regionales.
"El reconocimiento del derecho al sufragio universal en 1979, es decir, el derecho a elegir y ser elegidas de todas las personas, sepan o no escribir y leer en castellano, más la aprobación de la cuota de género en 1997, han impactado en este avance y mayor presencia de las mujeres en la política, pero aún con todas estas medidas afirmativas para las mujeres, solo representamos el 25,32% del total de autoridades en los cargos del poder formal en nuestro país. ¡Estamos subrepresentadas!", manifiesta .
“Hoy debemos seguir impulsando la participación política paritaria, la alternancia en la composición de las listas, la paridad horizontal para que más mujeres ejerzan cargos de alcaldesas y gobernadoras regionales”, añadió.
Asimismo, Manuela Ramos, junto a Flora Tristán y Calandria plantearon que los sentenciados por delitos de feminicidio, violación sexual y deudores de alimentos, deberían ser impedidos para postular en las elecciones.
La iniciativa forma parte la campaña “Somos la mitad, queremos paridad, sin acoso”, en favor de una reforma electoral que promueva la participación política de las mujeres.
Propone además que se destine un porcentaje del
financiamiento público directo que reciben los partidos políticos a la formación de militantes mujeres y que en el uso de la franja electoral, a través de la cual los partidos exponen al país sus propuestas, se aplique la paridad.
Prohibiciones similares, indican, se aplica a las personas sancionadas por delitos de corrupción, medida que respaldan.
“Las diferentes fuerzas políticas del Congreso, con mayor razón la bancada mayoritaria, tienen la responsabilidad de retomar y avanzar en debate de la reforma política y electoral de manera integral, lo que debe incluir la agenda pendiente”.