El Gobierno aprobó un decreto legislativo impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) que establece nuevas medidas para enfrentar a las organizaciones criminales que utilizan atentados con explosivos, armas y otras formas de violencia extrema para generar temor en la población y obtener beneficios económicos ilegales.
El Minjusdh informó que esta norma busca fortalecer la capacidad del Estado para anticiparse a las acciones de estas organizaciones, identificar sus estructuras y actuar contra sus fuentes de financiamiento, mediante una respuesta integral.
Esta respuesta integral comprende las siguientes medidas:
- Penas de hasta 35 años de prisión. Se incorpora como agravante del delito de organización criminal, el utilizar el terror para lograr un beneficio económico ilícito. Se establecen penas de entre 15 a 35 años de prisión para los integrantes de dichas organizaciones criminales
- Se crea el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (Renocte), que permitirá identificarlas, a sus miembros y a sus colaboradores, a partir de investigaciones penales e información de inteligencia.
- Las organizaciones podrán ser incorporadas al registro a partir de actuaciones fiscales y judiciales o de una evaluación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena).
- Para ser incorporadas al registro, las organizaciones tienen que cumplir tres criterios: estructura delictiva organizada y jerarquizada; planificación, ejecución o promoción de atentados con explosivos o armas; y búsqueda de un beneficio económico o lucro ilegítimo.
- Congelamiento de fondos y alertas migratorias. La norma faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a congelar de inmediato los fondos y activos de las personas y entidades comprendidas en el registro, para combatir el financiamiento de estas organizaciones. También permitirá generar alertas migratorias preventivas.
- Mayor coordinación para prevenir ataques. El decreto fortalece el intercambio de información e inteligencia entre las instituciones del Estado para identificar amenazas, anticipar ataques y coordinar acciones.
Con estas medidas, se busca que el Estado no solo sancione los delitos cometidos, sino que también cuente con mayores capacidades para prevenirlos, debilitar las estructuras criminales y proteger la seguridad de los ciudadanos.
(FIN) NDP/HTC/RMCH
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Publicado: 20/11/2026